Este jueves, durante el primer debate, los legisladores dieron luz verde a un proyecto de ley que permitiría la adjudicación directa de obras públicas sin los controles habituales, según denunció la Contraloría General de la República (CGR).

El expediente 24215 modifica la Ley General de la Contratación Pública para eximir no solo a la Cruz Roja Costarricense de seguir los procedimientos establecidos, sino también a los “acuerdos de costo compartido” firmados con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional.

En la votación, 37 diputados, identificados como contratistas, apoyaron la medida, mientras que solo dos, Diego Vargas y Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP), se opusieron.

La contralora general, Marta Acosta, resaltó en varias intervenciones los riesgos de exceptuar, sobre todo, los acuerdos de costo compartido con organizaciones internacionales, ya que en el pasado se han presentado dificultades para fiscalizar este tipo de contratos.

El 25 de febrero, Acosta advirtió que la iniciativa podría generar peores consecuencias que las propuestas del gobierno del año anterior, diseñadas para debilitar los mecanismos de fiscalización y control de los recursos públicos.

“Si se aprueba esta reforma, se estaría abriendo la puerta a la selección directa de contratistas sin la supervisión adecuada, lo que debilitaría principios fundamentales. El mayor peligro reside en que esta contratación directa permita adjudicar bienes, servicios y obras públicas sin procesos competitivos ni control apropiado, eliminando mecanismos clave para la gestión transparente de los recursos públicos”, afirmó la contralora.

Acosta subrayó que los principios en juego son la transparencia, la igualdad de condiciones, la rendición de cuentas y la integridad. Además, indicó que, por contravenir el modelo constitucional, “el proyecto conlleva un alto riesgo de inconstitucionalidad”.

Respecto al compromiso de enmienda al proyecto, Feinzaig explicó que su voto negativo se debe a las advertencias de la CGR, en particular por los problemas para obtener información sobre el manejo de fondos de entidades como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Algunos miembros de la Comisión de Sociales, entre ellos Priscilla Vindas del Frente Amplio (FA) y las independientes Cynthia Córdoba y Gloria Navas, aseguraron que ya se han atendido las observaciones de la Contraloría sobre la iniciativa. No obstante, Feinzaig señaló que recibió un mensaje de texto de una persona de la CGR que indicaba lo contrario.

El impulsor del proyecto, el liberacionista Óscar Izquierdo, comentó que el compromiso es retirar la iniciativa tras este primer debate y presentarle una moción de fondo que, supuestamente, solventaría los problemas detectados y las advertencias del ente contralor.

La segunda votación del debate del expediente está programada para el próximo 2 de abril.