Planta de tratamiento de aguas de Puerto Viejo sin completarse – Noticias cr

Colaboró la periodista Paula Ruiz.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha invertido $19 millones en la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo de Talamanca, construida a través de un Memorando de Acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que está por cumplir una década de firmado.

Dos gobiernos -de Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves- han venido a Limón a tomarse fotos, dar abrazos e “inaugurar” la obra.

Pero al ser agosto del 2025, el AyA aún no ha dado el recibido final a la Unops por el sistema de alcantarillado sanitario. Pero, además, no se ha conectado a la mayoría de casas y comercios del centro de Puerto Viejo y ni siquiera se ha gestionado el permiso sanitario de funcionamiento.

El presidente Chaves y Juan Manuel Quesada (quien el mes pasado renunció al AyA para buscar ser diputado) presumieron que se resolvió un grave problema de contaminación y de salud que se discute desde hace 20 años.

Sin embargo la situación denunciada en dos recursos de amparo sigue sin solución.

Una quebrada de aguas cafés, contaminadas y asquerosas sigue recibiendo a quienes llegan a uno de los sitios más turísticos de Costa Rica.

Es el paisaje acostumbrado para la comunidad. El problema de agua con caca que llega al mar continúa tras años de atrasos en el sistema de saneamiento, errores en su construcción sin que nadie asumiera las culpas, y falta de transparencia por parte del AyA y Naciones Unidas.

Las dos entidades responsables por la planta se negaron a dar ciertas respuestas puntuales, entrevistas y hasta entregar documentos públicos para este reportaje.

Aquí el recuento de una obra turbulenta.

La construcción eterna

“Otra vez están ahí, en el mismo lugar, otra vez reventando. (Dicen) ‘No, que solo dura un mes’. ¡Nunca lo han logrado en un mes! Dura meses, 3 a más meses con un hueco. ¿Quiénes fueron los que supervisaron esas obras? Porque ‘grandes ingenieros’ entre comillas, que dicen que ingenieros, y fue tan mal trabajo que nos hicieron.”

Así de enfática fue Joanna Rose, originaria de Puerto Viejo y empresaria, al hablar sobre la enésima construcción relacionada con la planta de tratamiento que afecta las calles de la comunidad costera, y sobre las respuestas que reciben las vecinas por parte del AyA y la Unops.

Desde el primer trimestre de este año, la Unops y la empresa contratada Fernández Vaglio Constructora comenzaron nuevas obras sobre la calle principal de Puerto Viejo (ruta 256) en el casco central. Al llegar agosto, en el punto (frente al conocido Stanford’s) continúan las vallas separadoras, un remedo de aplanado con cemento, y un cajón de latas blancas que contienen un enorme pozo.

Haciendo memoria, Rose calculó que ya son al menos 4 las veces en los últimos 3 años que rompen las calles del centro para alguna obra, sin que el proyecto finalmente se concluya, ni que todas las casas y comercios estén debidamente conectados disponiendo sus aguas sucias hasta la planta, ubicada al sureste del casco central (ver mapa interactivo).

El inicio de labores se dio oficialmente en setiembre del 2016. Presionado por un segundo recurso de amparo, en febrero del 2019, el AyA respondió que la red de alcantarillado sanitario se construiría entre agosto del 2019 y mayo del 2020; y la planta junto con su tubería de descarga de febrero a octubre del 2020. Esto no se cumplió.

En octubre del 2023, la agencia de Naciones Unidas reportó que se completaron las obras en estudios, diseños y tuberías. Puso como nuevo plazo para conectar casas y comercios la primera mitad del 2024. Esto no se cumplió.

Más de la cronología

En abril del 2024, la Unops defendió que la planta estaba operativa y estaban contratando a una nueva empresa para las últimas reparaciones de defectos. Le comunicó al Ministerio de Salud que finalizarían las obras en julio de ese año y que el AyA operaría todo en noviembre. Esto no se cumplió.

Todavía en abril del 2025, en una reunión en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo convocada por el AyA y la Unops, uno de los representantes del proyecto que intentó responder a la comunidad dio un nuevo plazo: julio de este año. Supuestamente porque se amplió la cobertura a más domicilios y locales (ver video 2). Esto tampoco se cumplió. La siguiente línea del tiempo interactiva muestra el viacrucis de la obra.

“No habíamos tenido respuesta. No sabíamos por dónde iba la obra, sobre todo la parte final. (…) Está mal construido, entonces había ciertos sectores en donde había que hacer algunas correcciones de tuberías (…) hacer toda una nueva intervención a nivel de tuberías (…)

“Volver a excavar y volver a instalar en esos sectores en donde las tuberías estaban mal puestas, volver a instalar ese sistema de tubería”, dijo Frank León Chang, oriundo de Puerto Viejo y dueño de un conocido hotel en el centro, sobre lo que les dijeron en la reunión de abril.

“Todos se tiran la pelota porque ahí estaba AyA, estaba Unops. Sentí que nada más nos explicaron con un mapa: estos se pueden conectar, estos no, estos están a punto de estar listos y que van a romper la calle de nuevo porque no les funcionó.

“En una parte, carretera a Cocles en frente de Stanford’s, había que volver a hacer el trabajo porque estaba mal hecho. No fue la primera vez que hicieron ese trabajo que está mal hecho, fue un montón de veces”, amplió Joanna Rose sobre las excusas recibidas.

Aún sin el recibido oficial

Ha sido la dinámica de una ejecución repleta de retrasos. El AyA ve el enorme hueco en la calle principal de Puerto Viejo como algo menor. “No hay obras pendientes”, respondió, solo “aspectos constructivos que requieren corrección” en las tuberías, encontrados en la revisión antes del recibido final de la planta.

“La recepción definitiva se realizará una vez que dichas correcciones hayan sido subsanadas y se confirme el cumplimiento de todos los requisitos técnicos”, respondió el Instituto a inicios de julio. Tras casi 10 años de vínculo entre el AyA y Unops aún no se da el visto bueno.

“Se han identificado aspectos por corregir en las tuberías y previstas de la red construida, como es el caso de limpieza de tuberías, acabados de cajas sifón, impermeabilización de pozos y tuberías”, amplió el AyA en una segunda respuesta luego de que se le confrontó por el tamaño de las obras en la calle.

Escueta respuesta

En una escueta respuesta, la Unops afirmó que las obras actuales son para corregir “imprevistos técnicos” y “reparaciones” necesarias. Ante una segunda consulta para obtener más detalle, el organismo admitió que tuvo que contratar la construcción de nuevas tuberías, la reparación de otras y hasta el sellado de pozos.

“Estamos realizando el reemplazo de algunos componentes dañados y la restauración de ventanas y puertas de vidrio en las instalaciones.

“En lo que respecta a la red de alcantarillado, estamos haciendo una rehabilitación de varios tramos del sistema, la construcción de tres tramos adicionales de tubería a baja profundidad, la instalación de tuberías adicionales en dos sectores, el realineamiento de ciertas bridas, sellado de canaletas y pozos, y la reparación de tuberías.

“El recibido final del proyecto por parte del AyA se concretará una vez que la institución concluya las revisiones respectivas y verifique el cumplimiento total de los entregables establecidos en el Memorando de Acuerdo”, respondió por escrito.

En una tercera respuesta, la organización amplió que la reparación de pozos en el centro se hace con tecnología de perforación con microtuneladora para intentar afectar menos el tránsito.

“Con la finalización de este tramo se podrán conectar al sistema los cuatros sectores del casco urbano de Puerto Viejo”, prometió la Oficina.

Sin garantía de conexión

Según la Unops las principales obras pendientes se terminarían en el tercer trimestre del año, es decir setiembre. El AyA amplió el plazo al segundo semestre para que acaben los pendientes. Pero ninguno garantizó que se conectarían todas las casas y comercios de la zona que la planta debe cubrir.

Aunque las obras actuales no parecen simples “imprevistos y correcciones”, y no se han conectado todo el casco central ni la zona crítica de contaminación, no se pudo profundizar pues tanto el AyA como la Unops se negaron a dar una entrevista.

Abordada por El Observador en Casa Presidencial, Lourdes Sáurez, presidenta del AyA desde agosto, justificó que “la construcción es así” y que cuando comenzó a operarse la planta se identificaron “puntos de mejora”.

“Desconozco qué pasó en años anteriores, pero ya con este Gobierno hemos logrado trabajar de forma positiva. (…) Falta terminar unos imprevistos y unas cuantas fases”, aseguró.

“Lamentablemente se hizo una inauguración ese año (2024) de una planta de tratamiento que de muchísimos años atrás se había venido tratando de completar.

“Sin embargo, hasta este momento que estamos julio del 2025 y todavía no hemos no hemos podido tener la opción de decir ya este proyecto está funcionando, porque no es así lamentablemente”, resumió Frank León.

Segunda inauguración de ficción… administración Chaves Robles

Se refería a la segunda inauguración de ficción de un gobierno. La que animó el presidente Rodrigo Chaves al ritmo de música soca y el corte del cintillo tricolor en agosto del 2024, mes en que los gobiernos buscan un baño de masas en Limón por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

“Me hubiera encantado que Puerto Viejo no hubiera perdido 20 años…Ya está la solución”, celebró Chaves hace un año, cuando infló las cifras al decir que la planta beneficiará a 12.000 vecinos (ver video 2), a pesar de que el AyA calcula que cubrirá a 4.500 personas. Tampoco se ha cumplido.

Costo aumentó entre atrasos

A pocos metros de la planta, 2 viejos y roídos rótulos recuerdan lo añejo de la obra. Entre metal herrumbrado y azules despintados, aún se asoman los protagonistas: AyA, Unops, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, que dio un caro préstamo por más de $68 millones hace 17 años al AyA), el consorcio Water Group Systems-Intec-Turbina (empresa contratada para la mayoría de la construcción)…

También se asoma la población beneficiada: 4.500 personas, y un costo del proyecto: $3.498.446,08. Así como la maleza y hiedra alrededor de la valla, el precio creció: se multiplicó por 5. Según el AyA la inversión en el proyecto es de $18,9 millones. Lo que no aumentó fue la proyección de población beneficiada.

• Cuando la Administración Alvarado Quesada presumió de la obra en junio del 2020, señaló una inversión de ¢7.382 millones (aproximadamente $12,7 millones según el tipo de cambio de ese momento) para cubrir a 4 mil personas.
• En la primera página web de la obra que lanzó la Unops se mencionó un presupuesto de $10.699.310 (¢6.537 millones en esa fecha) para 40 meses.
• En una página más reciente – llamada Puerto Viejo Conecta y también de Unops – se señala que la población beneficiada sería de 3.000 personas.

“Tendrá la capacidad de atender a aproximadamente 4.500 personas, de acuerdo con el registro actualizado de población beneficiaria”, se limitó a responder el AyA.

Desde que se abrió el tubo de billetes en setiembre del 2016 hasta agosto del 2025 se han gastado $18,6 millones en la planta de tratamiento. Aún debe pagarse a la Unops la diferencia de $300 mil con respecto al monto total según respondió el AyA.

Defensa de los costos

La jerarca del AyA, Lourdes Sáurez, defendió que los costos se incrementaron por la falta de ejecución y los años de atraso. “Al haber buscado un financiamiento los gobiernos anteriores, no haberlo puesto a trabajar en su momento. Nosotros logramos identificar ese recurso adicional y más bien pusimos a trabajar esa plata ociosa”, afirmó.

Sin embargo, la actual administración no se encargó de la mayoría de la construcción. Al final del gobierno anterior, en abril del 2022, la Unops informó que ya se había construido el 96% de la red de alcantarillado sanitario incluyendo las tuberías del casco central de Puerto Viejo y la zona de Pan Dulce en Playa Negra (aunque se están haciendo nuevas) así como 2,3 km de líneas de impulsión y el sistema de descarga submarino.

Consultado sobre cuáles obras específicas se han hecho en el cuatrienio Chaves Robles, el AyA indicó que se alcanzó el “98,5% de avance físico-financiero”, y citó como obras completadas la instalación de tubería (aunque se están haciendo nuevas), las estaciones de bombeo, la tubería de impulsión, la planta de tratamiento y la depuración junto con la tubería de descarga submarina.

Opacidad, secretismo y una empresa sancionada

AyA recontó que la Unops ha contratado para todo el proceso a las empresas:

¿Cuánto se pagó a cada empresa contratada por cuál servicio? ¿Cuánto tardó cada una? ¿Cuáles fueron sus desempeños? ¿Cuáles se equivocaron y a qué reparaciones obligaron? ¿Cuál fue la magnitud de los errores?

Las respuestas están enterradas en las oficinas y documentos del AyA y la Unops. En sintonía, ambas entidades se negaron a dar detalles, entrevistas y a compartir los informes públicos que se solicitaron para este reportaje.

“La responsabilidad de contratar, coordinar y supervisar a dichas empresas recae exclusivamente en Unops”, se excusó el AyA.

Y apuntó que los alcances de cada contrato con empresas debían ser entregados por Naciones Unidas. De esta manera huye de su responsabilidad de fiscalizar la obra y explicar los retrasos sufridos.

La Unops devolvió el gesto y apuntó el dedo al AyA.

Lo que dicen los vecinos

Pero en Puerto Viejo las voces de vecinos y hasta funcionarios que prefirieron mantenerse anónimos para este reportaje apuntan a múltiples errores en las diversas construcciones que generan constantes impactos en las calles.

Entre tantos atrasos, en noviembre del 2023, la Unops puso como excusa la “incapacidad” de la empresa Turbina, contratada para el grueso de la construcción.

“La finalización de las obras ha sufrido retrasos ya que, debido a la incapacidad de la empresa contratista Proyectos Turbina para terminar las obras. Esto ha obligado a UNOPS a tomar medidas legales por los incumplimientos del Contratista que, necesariamente han resultado en una ampliación del plazo”, aseguró la agencia de Naciones Unidas al Ministerio de Salud en aquel entonces.

Ante las consultas específicas por Turbina, la Unops respondió que frenó la relación contractual por incumplimientos y hasta la sancionó por casi $750 mil. Pero omitió indicar los fallos de la compañía, y la fecha y la forma en que frenó el contrato.

“En cuanto a la relación con el consorcio liderado por Turbina, con quienes se trabajó en el desarrollo del proyecto, esta fue finalizada debido al incumplimiento en la calidad y funcionamiento de las obras entregadas. Ante ello, en septiembre de 2023 se procedió con la aplicación de las sanciones económicas establecidas en el contrato, mediante la ejecución de las garantías bancarias por un monto de USD $748,392.11”, detalló la Unops en su respuesta.

Hoy el AyA intenta desmarcarse de su rol fiscalizador. Pero en mayo del 2020, con Yamileth Astorga como presidenta, el Instituto destacó que junto a la Unops también firmó el primer contrato con Turbina por $3,98 millones (¢2.312 millones en esa fecha) para construir los primeros componentes: red de alcantarillado, estaciones de bombeo y tuberías de impulsión.

Pocos meses después, la Casa Presidencial de entonces anunció la firma del contrato entre la Unops y el consorcio WGS-Intec-Turbina para el diseño y construcción de lo restante: la planta de tratamiento y la tubería de descarga.

En un lustro la relación naufragó y terminó en sanciones. Ante la negativa de AyA y Unops a atender una entrevista y entregar los informes de ejecución, no se pudo profundizar en los errores concretos de Turbina, los atrasos generados, y la finalización del contrato.

Se consultó a Proyectos Turbina S.A. pero no respondió los correos enviados ni las llamadas a los números registrados.

Contrato de una década: más de $22 millones para Unops

“La información relacionada con el presupuesto, alcances y compromisos establecidos se encuentra detallada en dicho documento, que forma parte de los registros oficiales del Estado costarricense.”

De esa forma la Unops se negó a responder cuánto le ha pagado el AyA, cuánto le deben, y cuánto ha pagado en contratos. Se refería al Memorando de Acuerdo que firmó con el Instituto en noviembre del 2015. Es el contrato y vínculo legal para la ejecución de enormes y onerosas obras de agua potable y saneamiento.

En mayo del 2016, la Contraloría General de la República negó el refrendo – su permiso – al Memorando que presentó el AyA incluyendo 2 adendas. Unos meses después, en agosto, el ente contralor lo avaló con una nueva adenda incluida.

El documento refrendado definió más de $18 millones para 3 proyectos: ampliación de sistemas de agua potable en Liberia ($4.190.000) y en Nicoya ($3.908.000), y el sistema de alcantarillado y saneamiento en Puerto Viejo ($10 millones).

En su solicitud a la Contraloría, el AyA:

• Acusó “importantes demoras” que comprometían los “compromisos de la deuda contraída con el BCIE”.
• Justificó que “los tiempos de ejecución previstos por UNOPS son más cortos”.
• Se mostró optimista para lograr una “inversión (…) inferior a lo estimado”.
• Y destacó que la presencia de Unops permitiría “la participación responsable e informada de los beneficiarios” gracias a “la transparencia de los procesos” y la “comunicación efectiva y permanente”. “Valores que Unops incluye en la ejecución de sus proyectos.”

Casi una década después, las entidades que firmaron ese Memorando de Acuerdo hoy se niegan a dar respuestas detalladas, entrevistas y documentos públicos.

El Memorando estableció un cronograma de 9 pagos a la Unops: un desembolso inicial y los restantes sujetos a 8 informes. Así hasta completar $22.667.135 para la agencia de Naciones Unidas, de los cuales el 4% ($935.197) eran para gastos administrativos y otro 4% (más de $1 millón) para algo llamado “tasa por administración y gestión”.

El AyA respondió que el cronograma no es el vigente, pero no detalló de qué forma se ha pagado al organismo. Según Unops los proyectos en Guanacaste costaron $8.349.588 y se entregaron en el 2020.

Hasta en una tercera respuesta, el organismo – que se calificó “sin fines de lucro” – mencionó que los fondos sin ejecutar en los proyectos que gestionan en suelo tico han generado intereses que son reintegrados al Estado. “En el caso del Memorando en cuestión, los fondos adicionales que hemos requerido para la ejecución del proyecto provienen justamente de los réditos generados por los propios recursos del proyecto, los cuales el AyA decidió reinvertir en la continuidad del proyecto”, afirmó.

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Historia de Unops en Costa Rica

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos comenzó a operar en Costa Rica en el 2014, cuando en el último día de la administración de Laura Chinchilla, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, firmó un contrato para la construcción de 3 puentes.

Luis Guillermo Solís se aferró al vínculo durante su periodo (2014-18), defendiéndolo de múltiples críticas. En el 2017, el politólogo dijo en una entrevista en el programa Matices que prefería “pagar una obra un poco más cara garantizando transparencia”, y que con el organismo había más claridad y mejores carteles y contratos.

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La Unops ha ejecutado construcciones como el puente binacional en Sixaola, pasos a desnivel en Circunvalación, la parte final de esa carretera, y muchos más, en una millonaria cartera amasada durante 11 años de operar en suelo nacional. Según respondió la agencia durante este tiempo ha reintegrado al Estado un monto de $9,7 millones.

Lo ha hecho en medio de polémicas: la Contraloría no aprobó algunos convenios con instituciones por incumplir normativa y no permitir una correcta fiscalización; la Cámara Costarricense de la Construcción le cuestionó su falta de transparencia; y la pasada Asamblea Legislativa buscó sin éxito que compareciera por el Caso Cochinilla.

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Apenas 90 conexiones, ninguna en la zona más crítica de contaminación

Según el AyA a abril pasado ya hay 90 servicios conectados (llegando a 100 en agosto). La mayoría – 65 – son viviendas, 8 representan grandes consumidores residenciales y 16 son comercios.

Sin embargo el Instituto desconoce o prefirió no contestar cuántas personas representan esas conexiones. “El dato debe solicitarse al INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)”, respondió. Esto a pesar de que el AyA, la Unops y el Ministerio de Salud han generado información desde el 2017 sobre las casas y comercios en el centro de Puerto Viejo y sus habitantes.

Las previstas ya conectadas cubren más de 5 manzanas de Puerto Viejo, pero ni siquiera la mitad del casco central, ni la zona crítica por contaminación, ni el sector de Playa Negra (ver mapa de colores). El AyA ni siquiera tiene una fecha de cuándo se conectarán y delegan la responsabilidad a la ciudadanía.

“Las conexiones se irán realizando conforme sean solicitadas por los usuarios, quienes tienen que adaptar sus propiedades internamente para la conexión a las previstas del alcantarillado”, respondió el Instituto.

La contaminación que hoy continúa había llevado al ciudadano Marco Levy Virgo a interponer un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca en el 2019 por la “laguna” de aguas negras que escurre al mar Caribe. Realmente se trata de una quebrada Sin Nombre que representa la zona más crítica de contaminación.

En mayo del 2019 la Sala Constitucional le dio la razón y ordenó al AyA, al Ministerio de Salud y al municipio lograr por fin la solución. A partir de esta sentencia y los informes que generó, se puede entender mejor el viacrucis de agua con caca.

Ante el recurso de amparo, la Unops indicó que ya tenía varios insumos para conocer dónde era más grave el problema:

• 2017: un levantamiento topográfico para el diseño de la red de alcantarillado dio información sobre la ubicación de viviendas, canales y tuberías.
• 2018: la agencia realizó un inventario y levantamiento de edificaciones domiciliares con información sobre los sistemas de disposición de aguas

La contaminación

Con esos datos identificaron 33 edificaciones que estarían generando la contaminación (ver mapas de Unops).

El Ministerio de Salud comunicó a la Sala Constitucional que en esas acciones previas, AyA y Unops ya habían determinado 4 propiedades en categoría “roja”, con problemas críticos por el estado de los tanques sépticos y drenajes, y 16 con problema de aguas grises o jabonosas (las que son de cocina, lavado, no del sanitario).

En julio del 2019, AyA, Unops y Salud realizaron inspecciones conjuntas. De acuerdo con el informe de Unops, de las 29 casas que pudieron entrar, todas tenían tanque séptico para las aguas negras. Pero también todas dirigían las aguas grises a la cuneta o la vía pública, no al tanque. Además 5 tanques sépticos descargaban al ambiente.

Construcciones defectuosas que incumplen la ley

Las inspecciones confirmaban un severo problema en Talamanca: construcciones defectuosas que incumplen la ley y contaminan.

La Oficina de Naciones Unidas describió como muchos tanques sépticos presentaban fallos en su elaboración y funcionamiento, sin impermeabilización y con tapas insuficientes. Los defectos generaban filtraciones de las aguas negras.

También definió la prioridad de atención, planteando que se atendiera primero las casas que descargaban las aguas negras del tanque séptico al caño o la quebrada. Esto no se cumplió: las casas y comercios de la zona crítica siguen sin conectarse a la planta de tratamiento.

El Ministerio de Salud, obligado a reaccionar ante la sentencia de la Sala Constitucional, respondió para este reportaje que han realizado 29 inspecciones en el área crítica con lo cual generó 19 órdenes sanitarias.

El año pasado, Salud también emitió órdenes al AyA y a la Unops, a quienes les pidió información sobre el proyecto; un cronograma sobre la operación y el estado de las conexiones; y las opciones que manejan para conectar a hogares en condición de pobreza.

La institución también le comunicó a la Sala Constitucional que existía un incumplimiento y atraso de casi 4 años para que la obra funcione.

Así, cuestiona que se generan falsas expectativas, incertidumbre y malestar de la población (ver línea de tiempo). Igualmente dejó claro que la Municipalidad de Talamanca, dirigida por el cuestionado alcalde Rugeli Morales, no ha participado en ninguna de las reuniones sobre el tema.

La oficina de prensa de Ministerio indicó que pidió al AyA lograr las conexiones de las casas y comercios prioritarios, así como dar acompañamiento técnico a las personas.

Asimismo “realizar el trámite de solicitud del Permiso Sanitario de Funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, ante el Área Rectora de Salud de Talamanca”, confirmando que el Gobierno no ha realizado ese trámite básico.

Obras incompletas, sin permiso sanitario, pero cobrando tarifa

“Llegó el Presidente, con mucho respeto, inauguró y se comenzó a cobrar. El proyecto termina hasta en julio. Yo creo que hasta en julio se debería de cobrar.”

Con esas palabras, un vecino de Puerto Viejo llamó la atención al personal del AyA y la Unops que intentaron dar respuestas a la comunidad en la reunión de abril pasado. En esa misma cita prometieron que el sistema de saneamiento estaría completo en julio.

Pero el AyA cubre tarifas

Aunque el plazo nuevamente se incumplió, el AyA está cobrando la tarifa de saneamiento en este pueblo caribeño desde noviembre del 2024, 3 meses después de la “inauguración” del Presidente Chaves. Al 15 de mayo, el Instituto ya registraba una recaudación de ¢8,8 millones por el servicio de alcantarillado. La gente sigue con dudas y reclamos por el cobro que inició con construcciones pendientes y sin que la planta de tratamiento tenga siquiera el permiso sanitario de funcionamiento.

Joanna Rose, administradora del conocido Bread & Chocolate y dueña de un restaurante de mariscos, cuestionó que las autoridades no brindaran más detalles sobre la cuantía de la tarifa. La comerciante reiteró que la población debe pagar, pero alegó que en el caso de su restaurante, recibieron una factura exagerada.

“Nos conectamos. Cuando pagamos de agua ¢30.000, ¢45.000, llega un recibo de 200 y resto mil. Fue cuando nos asustamos. Fuimos a la oficina del AyA. Y lo único que nos dicen ‘¿no es nadie que está conectado, no es alguien que se le está conectando? Porque la cantidad que le están cobrando, es como que si fuera que usted tuviera más de una casa conectada.’ Si la usamos hay que ser razonable, tenemos que pagar. Pero vamos a pagar por algo que no consumimos. La temporada estaba baja. Nos dicen ‘lo único que se puede hacer es un arreglo de pago porque no encontramos fuga, no encontramos nada’“, explicó.

En Costa Rica la tarifa de saneamiento se cobra según los metros cúbicos consumidos que se trasladan al sistema. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) es la encargada de fijar los montos. El AyA indicó que cobra según los vigentes en la resolución RE-0004-IA-2025. Esta definió tarifas entre ¢1.600 y ¢1.852 por metro cúbico para comercios.

En el limbo

Sin embargo los vecinos de Puerto Viejo no tienen claridad de la situación. Algunos, incluyendo Rose, aseguraron que el AyA está cobrando a hogares que no están conectados a la planta de tratamiento.

“Hay muchos lugares que les están llegando el cobro y yo soy uno que no me he conectado y me ha llegado la factura el doble. Tengo testigos que me llegaron a cortar porque dije que no lo iba a pagar, pero no es una opción porque me cortan el agua y tengo un negocio”, lamentó el vecino en la reunión de abril (ver video 3).

Al mismo tiempo, algunas personas están listas para conectarse, pero el AyA no les ha dicho cómo proceder.

Es el caso de Mauricio Ureña Solís, médico y dueño de un supermercado y gimnasio en el centro justo al lado de una de las calles críticas de contaminación.

“Hace poco estuvimos gestionando, llamando para ver qué qué se sabía, si podíamos pegarnos o no pegarnos al sistema de alcantarillado y lo que nos dijeron es que no, que hasta que se nos avisara, pero eso fue así, vía llamada telefónica de una forma muy informal. Puede ser hace unos 3 meses más o menos. Antes de eso no”, señaló.

El comerciante, con más de 20 años de trabajar en la zona, indicó que por iniciativa propia se prepararon y construyeron las previstas del alcantarillado, buscando el conocimiento de cómo hacerlo.

Pero no recibieron detalles técnicos de materiales o dimensiones por parte del AyA. Ureña también cuestionó que la planta de tratamiento vaya a ser capaz de recibir más conexiones pues Puerto Viejo sigue creciendo en población y visitantes.

Trabajos con estudios desactualizados

“Todo esto se hizo con estudios de hace 10 años. Cuando esto funcione ¿cuánto va a ser la vida útil de este acueducto funcionando? O sea, la población ha crecido, los negocios han crecido en número, tenemos una mayor población. Y por tanto ¿cuánto más dará abasto este sistema que quieren colocar si se diseñó para trabajar desde hace 10 años?”, lamentó.

La quebrada de aguas negras de Puerto Viejo de Talamanca sigue llegando al mar Caribe todos los días. Después de $19 millones, 10 años de relación entre AyA y Unops, y 2 “inauguraciones” de gobiernos, la frustración y el malestar están tan presentes en esta comunidad del Caribe Sur como el hedor a mierda en diversos puntos del casco central. Mientras tanto el Gobierno celebra que la planta opera, aunque la cara obra sigue sin solucionar la contaminación.