La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) sostiene que una mezcla de factores económicos, políticos y laborales socava el clima laboral en la administración de justicia. Para ello, solicitaron al Pleno una nueva política de salud mental en la institución.
«Esta iniciativa surge en un momento en que el malestar dentro del poder judicial es generalizado y resulta de diferentes situaciones. Como la presión fiscal impuesta por la ley para fortalecer las finanzas públicas que han congelado los salarios, los múltiples cuestionamientos por parte del gobierno del poder judicial. comparar la agrupación.
Como sustento aportó el informe CLI-010-2022 del poder judicial. Según el documento, 8.290 personas quedaron discapacitadas durante el primer semestre de 2022 (63% de la población total). De ellas, la principal causa de enfermedades de salud mental fue.
Por ejemplo, la solicitud es generar el ‘Programa Integral de Salud Mental Judicial’. Sugieren utilizar el modelo Oxford Hoshin Kanni-Kaizen en Japón y en las universidades.
«Como sindicato se espera que esta propuesta sea recibida con la seriedad y apertura que requiere el momento histórico», señalaron.
Colegio de Abogados solicita inclusión de psicólogos para jueces
El colegio de abogados también aborda las oportunidades legales en materia de salud mental.
Desde la dirección jurídica se hizo una propuesta para incentivar al poder judicial a desarrollar un plan conjunto de atención psicológica integral dirigido a jueces.
Señalan que la reciente muerte del juez Sergio Quesada debe reflejar el bienestar emocional y psicológico de quienes tienen la función judicial.
“El colegio reconoce que el trabajo de los jueces implica una alta carga emocional y de estrés derivado de la responsabilidad de administrar justicia en contextos complejos. Por ello, es fundamental promover políticas que beneficien la salud mental, la prevención del desgaste profesional y la atención oportuna a situaciones de riesgo psicosocial”, señalan en su conocimiento.
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Finalmente, la propuesta para la salud mental indica:
- Evaluaciones de riesgos psicosociales en el ámbito judicial.
- Programas de prevención.
- Acceso inmediato a líneas de apoyo psicológico.
