Recientemente, la situación en torno al Ministerio de Finanzas ha llamado la atención de la opinión pública, especialmente tras la queja formulada por Eli Feinzaig, representante del Partido Liberal Progresista (PLP). Feinzaig criticó abiertamente la implementación de un impuesto central, el cual se asoció con medidas que buscan recabar información de los usuarios que utilizan servicios de telecomunicaciones, energéticos y de internet. Este reclamo ha desencadenado un debate sobre la transparencia y la ética en la recolección de datos por parte del gobierno.

El legislador se mostró preocupado por el hecho de que el Ministerio de Finanzas estuviese solicitando datos de los usuarios, lo que generó interrogantes y desconfianza entre la ciudadanía, especialmente considerando que la campaña electoral ya ha comenzado y han pasado seis meses desde su inicio. Feinzaig enfatizó que «esto es mucho peor que el ascenso y Faro Pac», sugiriendo que las acciones del Ministerio son aún más problemáticas que escándalos previos.

En respuesta a estas acusaciones, Mario Ramos, director fiscal del país, negó rotundamente las afirmaciones de Feinzaig. Ramos declaró: «La administración fiscal rechaza inequívocamente la insinuación de que la gestión ordinaria del Ministerio de Finanzas esté en peligro debido a la recolección de datos sensibles de los ciudadanos adinerados; aún más, no se dará el consentimiento de que dicha información sea utilizada para propósitos electorales.» Lo que parece ser una intención de asegurar que la labor del Ministerio no se vea comprometida por tales alegaciones.

Además, la administración de la DGT (Dirección General de Tributación) enfatizó que la información solicitada no es algo novedoso y que las bases de datos han incluido un domicilio fiscal de los contribuyentes durante varias décadas. Se argumentó que durante muchos años, han solicitado a las compañías información sobre sus clientes, lo que se considera una parte esencial del proceso fiscal.

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Evitan las responsabilidades

El director de la DGT expuso que la solicitud de información tenía como objetivo principal comparar los datos de los contribuyentes, ya que se ha detectado que algunas personas, con la intención de evadir sus responsabilidades fiscales, han proporcionado información errónea a la Junta. Esta conducta ha dificultado la posibilidad de cobrar deudas tributarias que son consideradas anormales.

Ramos también aseveró que la ley de protección de datos es clara al respecto, y destacó que «mantenemos un profundo respeto por el marco legal que nos rige». Aseguró que el DGT está comprometido en proteger la confidencialidad de la información, utilizándola de manera responsable para intentar maximizar los recursos que, en última instancia, beneficien la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Por su parte, Feinzaig no se quedó callado y condenó la tarea que está llevando a cabo el Ministerio. Informó que los funcionarios de inteligencia del Ministerio de Finanzas han enviado solicitudes a diversas compañías entre el 12 y el 14 de marzo, exigiendo información personal como nombre completo, número de identificación, pasaporte, o ALDX, ya sea de nacionales o extranjeros, además de números de teléfono, correos electrónicos, contratos y direcciones. Destacó que, a pesar de que se requiere enviar esta información en un plazo de 10 días hábiles, las implicaciones de no hacerlo a tiempo podrían conllevar sanciones financieras severas que podrían alcanzar cifras millonarias.