La reciente sesión legislativa, que contó con el voto de 41 suplentes, marcó un hito al aprobar por primera vez un documento identificado como 24,028. Esta propuesta busca introducir cambios significativos en el artículo 189 del Código Penal, con el objetivo de crear un nuevo delito que penaliza la contratación de menores para la comisión de delitos. Esta medida es de suma importancia en la lucha contra la explotación de niños y adolescentes en actividades delictivas.

La iniciativa fue presentada por Alejandra Larios, Directora General Adjunta del Partido de Liberación Nacional. Su propósito principal es sancionar contundentemente a aquellos individuos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores, involucrándolos directa o indirectamente en la perpetración de delitos. La propuesta responde a una preocupación creciente en la sociedad sobre el uso de menores por parte de criminales, quienes a menudo eluden consecuencias legales al involucrar a estos jóvenes en sus actividades ilegales.

Los suplentes que votaron a favor de la iniciativa decidieron establecer sanciones que podrían llegar hasta 8 años de prisión para los infractores. Según lo expuesto por la legisladora de Verdiblaca, actualmente, hay muchos adultos que utilizan a menores para perpetrar crímenes, y hasta ahora, estos adultos no enfrentaban sanciones efectivas, lo que ha llevado a una aceptación implícita de la impunidad en estos actos horrendos.

Con las reformas propuestas, se busca establecer condenas de prisión que oscilen entre cuatro y seis años para aquellos adultos que sean hallados culpables de haber involucrado a menores en la comisión de delitos, ya sea como cómplices, instigadores o participantes en actividades delictivas. La gravedad de la pena aumentará hasta ocho años si se determina que el autor de los delitos ha amenazado, intimidado o utilizado a los menores a través de tácticas de soborno o coerción, como la explotación de su pobreza o su estatus como inmigrantes en situaciones irregulares.

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Sin consentimiento

La propuesta legislativa también señala que las organizaciones o entidades que reclutan a menores no podrán eximirse de responsabilidad penal alegando que estos dieron su consentimiento libremente para participar en actividades delictivas. El texto legislativo es claro al afirmar que en ningún caso el consentimiento de la víctima podrá ser utilizado como un argumento para eludir las responsabilidades legales que tienen quienes cometen tales crímenes.

Además, el proyecto contempla que aquellos menores que eventualmente participen en los delitos a los cuales fueron contratados o coercionados asumirán responsabilidades ante un tribunal juvenil y seguirán los procesos judiciales que se les impongan. Esta es una parte esencial del enfoque, ya que busca no solo castigar a los adultos responsables, sino también ofrecer un sentido de justicia y rehabilitación a los menores involucrados.

El proyecto de ley será objeto de un nuevo debate y votación la próxima semana, lo que brinda la oportunidad de seguir discutiendo cómo abordar esta problemática de manera efectiva.