Antes del anuncio de un veto en Chaves, un oficial auxiliar expresó que estarán preparados para reiniciar.
El presidente Rodrigo Chaves realizó un anuncio significativo el miércoles, informando que el proyecto de ley en cuestión está destinado a ser objeto de un veto que afectará a la agencia del poder judicial (OIJ), permitiendo a sus agentes disfrutar de beneficios de pensión a partir de los 55 años. Esta medida ha generado una serie de reacciones dentro del ámbito legislativo y entre los interesados en el tema de seguridad pública.
La iniciativa había sido originalmente presentada en la temporada legislativa anterior, gracias a la gestión de Dragos Donolescu, y ahora ha sido retomada por la diputada Alejandra Larios, representante del partido libertario. A pesar de que todavía falta la votación en el segundo debate, programada para el 8 de abril, el anuncio del presidente ha provocado un clima de incertidumbre y descontento entre los legisladores involucrados.
El legislador Larios expresó su frustración respecto al anuncio del presidente, indicando que es lamentable ver cómo se obstaculizan iniciativas que son fundamentales para mejorar la seguridad, sobre todo cuando involucran a la OIJ, entidad clave en la lucha contra la criminalidad. “Es lamentable, y ya no sorprende, porque cuando se trata de cuestiones cruciales para la seguridad se encuentran opositores”, comentó.
La diputada Larios añadió que aguardarán la decisión de Chaves antes de emitir una respuesta oficial, aunque dejó entrever que existe una posibilidad latente de que se reanuden las discusiones al respecto. “Será su responsabilidad asumir esta decisión y todos los alternativos responderán de igual manera”, declaró, mostrando su disposición a seguir abogando por el proyecto.
El presidente Chaves fundamentó su decisión de vetar el proyecto en la defensa del quórum público, sugiriendo que este tipo de modificaciones a la estructura de pensiones podrían no cumplir con los estándares necesarios para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. “Estamos hablando de situaciones peligrosas que enfrenta la policía, con la carga de trabajo y la presión que implican”, manifestó durante una rueda de prensa.
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La iniciativa busca fortalecer la pensión de los agentes.
Desgraciado
El debate se intensifica a medida que el diputado Larios recalca la frustración y el desagrado de la situación, afirmando que el presidente Chaves está planteando el tema de una manera que perjudica a la fuerza pública. “Apoyar un proyecto no implica estar en contra de otras fuerzas policiales”, enfatizó, defendiendo la legitimidad de la propuesta.
Nogui Acosta, Ministro de Finanzas, intervino en la conversación ,alertando sobre los desafíos financieros que enfrenta el Comité de Pensiones Judiciales. Acosta mencionó que existe un déficit alarmante de ¢ 804,000 millones, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad del gobierno para asumir las obligaciones financieras que surgirían de la implementación del proyecto.
“Decisiones como estas solo agravan el problema de la carga financiera existente, donde los más adinerados tienen que financiar irregularidades que afectan a todos nosotros”, comentó, manifestando su inquietud por las consecuencias de tales decisiones legislativas. Este proyecto de ley tiene como objetivo garantizar que los agentes OIJ puedan acceder a una jubilación que equivalga al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, ajustada según el índice de precios al consumidor (IPC) durante el periodo correspondiente.
Además, el proyecto también introduce disposiciones detalladas sobre cómo se pueden gestionar las jubilaciones anticipadas si los requisitos de años de servicio no se cumplen. Esto incluye una estipulación que permite que los servidores públicos sean jubilados cuando alcancen la edad adecuada, pero antes de completar los treinta años de servicio, manteniendo el compromiso de garantizar una pensión justa.
El texto señala lo siguiente:
«Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumplen con el requisito de edad o cuentan con más años de servicio, pero no llegan a completar los treinta años, la jubilación no se negociará en proporción a los años trabajados, siempre que se haya cumplido el período mínimo requerido”.
Así, para ajustar el monto de la compensación, deberá multiplicarse por el número de años de servicio y luego dividir el total entre treinta, reflejando un enfoque justo sobre cómo se calculan las pensiones acumuladas.
