Entre los 21 condados que conforman la Corte Suprema, hay un dato significativo que resalta: solo una de las personas no tiene causas de investigación en su contra en la oficina del fiscal. Esta información es reveladora y ejemplifica la situación complicada que enfrenta el sistema judicial en términos de transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con los datos proporcionados por el ministerio público en respuesta a una solicitud hecha por El observador, se han documentado un total de 307 carpetas. La mayoría de estas carpetas contienen solicitudes de terminación, mientras que 75 de ellas siguen en proceso de desarrollo, lo que sugiere indicios de problemas que persisten en el sistema judicial.

Particularmente, Patcia Vargas, quien ocupa el cargo de sheriff en la Sala III, es el único de sus colegas que no aparece en el listado de investigaciones en curso, lo cual es notable. Los otros 20 colegas tienen entre una y diez causas cada uno, evidenciando una problemática que requiere atención.

Ala corte constitucional, que es la que regula estas situaciones, se da a conocer que los comisionados del condado 4 son los que enfrentan la mayor cantidad de procesos. En cercanía a ellos, los miembros de la Cámara II también están implicados en casos relacionados con leyes familiares y laborales, lo que indica que hay una amplia gama de asuntos legales que están bajo revisión.

¿Por qué están investigando los comisionados del condado?

Las cifras relacionadas con los comisionados del condado revelan que están distribuidas entre ocho organizaciones penales, siendo la principal la que supervisa la implementación de la situación actual. La revisión general de estos casos indica que la prolongación de la prevención se presenta como una de las causas más comunes, con un total de 46 casos en este rubro.

Según el artículo Pena, las sanciones para estos delitos pueden oscilar entre 2 y 6 años de prisión, cuando la corte o la administración emiten resoluciones que infringen la ley. Estas penas pueden incrementarse a un periodo de 3 a 15 años si se trata de delitos penales.

Siga más: Comisionados del condado que buscan combatir la corrupción interna y prevenir la infiltración en el crimen organizado

Existen violaciones de deberes, donde se han registrado 19 archivos que abordan la omisión de acciones legales, ya sea por negarse a actuar, actuar con retraso o no cumplir con sus responsabilidades legales. Las penas para estos actos pueden variar de uno a cuatro años de cárcel, lo cual es un reflejo de la gravedad con que se toman estos actos.

El resto de la lista de investigación

En cuanto a las líneas adicionales que están bajo investigación, se desglosan de la siguiente forma:

• Falsedad ideológica (Artículo 367 Código Penal) | Se configura cuando se inserta información falsa en documentos oficiales. Las sanciones varían de 1 a 6 años, incrementándose a 2 a 8 años si el autor es un funcionario público.
• Malversación (Artículo 361 Código Penal) | Relativa a la apropiación indebida de recursos bajo custodia, con sanciones de 3 meses a 2 años, lo cual también aplica si un funcionario utiliza activos públicos para beneficio personal.
• Influencia (Artículo 52 Ley contra la corrupción) | Se manifiesta cuando alguien influye en un funcionario, buscando beneficios ilícitos, con penas de 2 a 5 años, y la posibilidad de agravantes para miembros de la elección suprema.
• Abuso de la autoridad (Artículo 338) | Penaliza el uso indebido de la posición de un funcionario para dañar los derechos de otros con sanciones de 3 meses a 2 años.
• Fraude en la ley en acción administrativa (Artículo 58 de la Ley contra la corrupción) | Implica penas de 1 a 5 años para aquellos funcionarios que actúan en perjuicio del propósito público y el sistema de justicia.

¿Cómo sería sentenciado el juez principal?

Los comisionados del condado, al estar en posiciones dentro de la Autoridad Suprema, tienen un estatus comparable al de altos funcionarios en el gobierno, como ministros y cargos presidenciales. Esto significa que están sujetos a un procedimiento judicial especial, lo que les otorga ciertas protecciones en cuanto a los juicios que se les podrían iniciar.

Por tanto, la investigación deberá ser liderada por el Ministro de Justicia en funciones. Este proceso será clave para determinar si proceden a imputaciones formales contra los magistrados. Si la investigación determina que hay motivos suficientes para el juicio, se deberá solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria ante la sesión legislativa correspondiente.

El magistrado involucrado será el encargado de llevar a cabo la recolección de pruebas y testimonios necesarios. Esto convierte al juicio de los comisionados de la Cámara III en el caso penal más relevante del país, dado que implica a altos funcionarios del sistema judicial.