El regreso al trabajo tras el receso de la Pascua trajo consigo el foco en el comité de seguridad y drogas de la Asamblea Legislativa, que se ocupó de varios proyectos de ley en diferentes etapas. Fue un momento crucial en donde se tomaron decisiones que afectarán el futuro del país en términos de seguridad y justicia.

Uno de los puntos más destacados fue la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un banco de material genético, el cual contendría información relacionada con crímenes sexuales violentos. Este significativo proyecto es conocido por su extensión, abarcando un total de 24,327 unidades de información, y representa un esfuerzo concertado para abordar la problemática de la violencia sexual en la sociedad.

La propuesta, liderada por Maria Marta Carballo, quien es la jefa de la unidad social cristiana (PUSC) y cuenta con el respaldo de la legislatura de la Comisión, plantea una serie de enmiendas que se buscarán implementar a través del Artículo 137. Esto refleja la seriedad con que se está abordando la cuestión y la intención de mejorar los mecanismos legislativos existentes.

El principal objetivo del proyecto es crear una base de datos que recoja información de aquellos que han sido privados de libertad por delitos sexuales, así como asegurar la recolección de material genético de aquellos condenados a más de cuatro años de prisión. Esto es un paso crucial para fortalecer la capacidad de respuesta ante tales delitos.

«La iniciativa que estamos presentando tiene como meta facilitar la investigación tanto de casos actuales como futuros, al tiempo que busca resguardar la seguridad del público, optimizar los procesos judiciales, prevenir la reincidencia delictiva y, en especial, proteger los derechos de las víctimas,» fueron las palabras de Carballo al introducir la propuesta ante la Asamblea.

El proyecto de ley se centra en fortalecer las investigaciones y resoluciones de casos que involucran delitos sexuales, donde la evidencia, particularmente el material genético, ha demostrado ser vital. Desde la perspectiva del OIJ, están convencidos sobre la necesidad de contar con un banco de ADN que soporte tales investigaciones. Randall Zúñiga, director de la corte, destacó que esta medida resulta fundamental.

«Hemos discutido la importancia de que el registro de delincuentes permita al OIJ monitorear el comportamiento de potenciales depredadores sexuales en un área. Actualmente, cuando un individuo concluye su encarcelamiento, el OIJ no tiene la capacidad de seguir su caso, debido a las restricciones legales. La implementación de este tipo de acciones resultará crucial para la seguridad de las mujeres,» subrayó Zúñiga.

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En 10 años

La iniciativa contempla la adición de dos subcapítulos al Artículo 4 de la Ley orgánica del Instituto de Investigación Judicial (OIJ). Esta adición contribuirá significativamente al establecimiento del banco de material genético para facilitar el trabajo investigativo en temas delicados y asegurar un manejo confidencial y seguro de la información obtenida.

El proyecto estipula claramente que la agencia tendrá la responsabilidad de resguardar la confidencialidad, limitando el acceso a los datos a investigadores, jueces, fiscales y defensores durante el proceso judicial pertinente. Esto es crucial para proteger tanto a las víctimas como a los involucrados en los procedimientos.

Según lo que establece el proyecto, la información recopilada permanecerá en los registros del OIJ durante un periodo de 10 años a partir de la condena del acusado. Una vez transcurrido ese tiempo, se contemplará la eliminación de todos los datos y el material genético almacenado.

Randall Zúñiga aclaró que las muestras se obtendrán mediante procesos que no resulten invasivos, utilizando métodos como la recolección de células epiteliales a través de una simple extracción en el paladar de la boca, lo que facilita la creación de esos bancos de ADN necesarios para la resolución de casos de manera más eficiente.

Una vez que se obtenga la opinión sobre el documento, este será enviado al Ministerio Público (MP), pero es seguro que culminará de nuevo en el Comité de Seguridad para que se realicen los trámites correspondientes a través del Artículo 137, antes de que el texto sea discutido y votado en sus primeras dos instancias.