Tras el reciente veto del presidente Rodrigo Chaves a la legislación que la Asamblea Legislativa había aprobado para fortalecer las pensiones del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los legisladores suplentes han expresado sus opiniones y preocupaciones.
El rechazo a este nuevo veto ha sido un tema candente, y se ha manifestado la intención de buscar una regulación que garantice que este proyecto pueda convertirse en una ley de la República.
Desde la independencia de la nación, diversos puntos de vista legislativos han surgido en torno a este asunto, lo que muestra la complejidad del diálogo político actual.
El jefe de la fracción legislativa, Oscar Izquierdo, comentó: «Lamentablemente, la postura del Secretario y del Presidente es justificable. Este proyecto de ley contaba con fundamentos sólidos, tanto legales como numéricos, que evidenciaban su viabilidad». Asimismo, subrayó que «los funcionarios del OIJ son esenciales para el bienestar de los costarricenses; no debemos olvidarlo y se requiere que se haga justicia en este tema. Buscaremos los votos necesarios para revivir esta ley».
Alejandra Larios, quien también ha sido una voz activa en este debate, reafirmó su compromiso, recordando que había presentado el documento durante el período actual, luego de que Dragos Donolescu lo propusiera en 2021. «Sigo convencida de que esta es una cuestión justa y legal. Sin duda, cerraremos esfuerzos para asegurarnos de que se obtengan los votos que necesitamos», afirmó con determinación.
Para que la iniciativa original, que fue vetada desde la casa presidencial, pueda ser restaurada, se requiere al menos 38 votos a favor, lo cual es factible, considerando que en el segundo debate el proyecto fue aprobado con un respaldo de 40 votos.
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«Revanchismo»
En la misma línea, Monserrat Ruiz sostuvo que la decisión de Chaves de ejercer su poder de veto contra este proyecto parece tener tintes de «revanchismo».
«Se percibe una especie de represalia por parte del Presidente de la República hacia el sistema judicial. No es casualidad que su discurso y sus acciones cambien en relación a aquellos que lo investigan, especialmente el ministerio público y el OIJ, que están llevando a cabo múltiples investigaciones sobre casos de corrupción que involucran al presidente y a varios ministros», manifestó Ruiz.
Además, destacó que «este gobierno ha acumulado una serie de vetos», y lamentó que «parece que esta tendencia continuará, restringiendo el trabajo legislativo».
Desde el Partido de Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, los legisladores Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro, respectivamente, también expresaron su frustración ante esta decisión y hablaron sobre las posibilidades de revivir el proyecto. «Esta situación constituye un obstáculo; seguiremos adelante, ya que la Constitución contempla que los agentes del OIJ pueden retirarse a la edad anterior. Recurriremos a la legislación que ya se presentó”, enfatizaron.
Pacheco agregó: «Es lamentable que el presidente no brinde su apoyo a los oficiales de OIJ que dedican largas horas de trabajo. Elevaremos nuevamente el asunto al Parlamento para discutirlo, porque es esencial respaldar a estos funcionarios», concluyó un representante de la coalición social cristiana.
OIJ está de acuerdo con la ley adoptada. (Archivo/la foto del observador)
El veto y el proyecto
En cuanto a los motivos que llevaron a Chaves a proponer el veto, se mencionan «razones relativas a las oportunidades, la conveniencia y la gobernanza».
En un análisis exhaustivo del contenido del fallo, se determinó que la normativa contenía elementos que quebrantan principios fundamentales del sistema de justicia, afectando derechos constitucionales y estableciendo sanciones inapropiadas. En el documento enviado al Parlamento se citan, entre otros, tres factores clave que justifican la decisión de veto:
- Transgresiones al principio de igualdad ante la ley.
- Alteraciones a los principios de la razón y la unión.
- Compromiso del principio de sostenibilidad financiera.
A través de esta propuesta, se busca que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) tengan la posibilidad de acceder a su jubilación anticipadamente a la edad de 55 años.
Para beneficiarse de esta legalidad, es necesario que los funcionarios de OIJ cumplan ciertos requisitos, siendo el más relevante contar con, al menos, 30 años de servicio dentro de la institución.
El proyecto contempla jubilaciones equivalentes al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, valorados de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo lapso, garantizando así que los funcionarios sean recompensados de manera justa por su arduo trabajo.
También se abordan en el proyecto diversos artículos que detallan los procedimientos para llevar a cabo la jubilación anticipada, en caso de que no se cumplan ciertos plazos establecidos.
