Recientemente, se ha dado un importante avance en el proceso de extradición en Costa Rica, especialmente en relación a aquellos individuos cuya etnia o lugar de nacimiento está asociado con el crimen organizado, como el contrabando de drogas y el terrorismo. Este proceso avanzó un paso significativo durante la última sesión legislativa, donde se mostró un gran respaldo hacia la aprobación definitiva de esta medida.
El martes, se llevó a cabo un intenso debate y votación en lo que representa un momento crucial dentro del segundo debate legislativo. El registro 23.701, que busca reformar el artículo 32 de la Constitución Política, fue presentado por el Pilar Público de Cisneros y contó con un apoyo unánime de 44 diputados presentes en el Parlamento. Este respaldo es un claro indicador de la urgencia y relevancia que posee esta reforma en el contexto actual.
Con este avance legislativo, solo queda por realizar el tercer debate y la votación final, programada para el miércoles. Si se aprueba en esta instancia, la reforma del artículo constitucional se consolidará, permitiendo que Costa Rica pueda extraditar a ciudadanos que estén solicitados por otras jurisdicciones en el marco de investigaciones por delitos relacionados con el contrabando de drogas o el terrorismo.
Una vez que se formalicen las reformas, el artículo 32 de la Constitución Política adoptará una nueva redacción, que se detalla claramente en el documento presentado:
«Artículo 32- No se podrá ver a ningún costarricense obligado a abandonar el territorio, excepto en el caso de contrabando de drogas internacional o terrorismo, previa asignación de los tribunales, garantizando el estricto apego a los derechos y procedimientos fundamentales reconocidos en esta constitución.»
Cabe mencionar que, el lunes, el diputado y líder del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, enfatizó las afirmaciones del Ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre la existencia de entre 30 y 35 personas actualmente sujetas a la jurisdicción de autoridades extranjeras por los crímenes mencionados anteriormente. Esto subraya la necesidad urgente de este marco legal.
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Avance significativo hacia la extradición
A diferencia del lunes, cuando los debates fueron extensos y profundamente discutidos, el martes fue un momento de concentración más efectiva, donde muy pocos diputados intervinieron para profundizar en el tema de la reforma. El enfoque del debate fue principalmente formal.
La subdirectora general, Sofía Guillén, dejó claro que, aunque se podrían conceder extradiciones, esto solo ocurrirá en estricta conformidad con nuestro marco legal. «Es fundamental aclarar que mi voto a favor no debe interpretarse como un respaldo a que el terrorismo se defina de forma amplia», afirmó.
Además, ella recalcó que su interpretación y la de su legislatura es que, en el contexto de estas reformas, no se debería confundir la persecución basada en ideologías políticas, creencias religiosas o nacionalidades con acciones terroristas.
La diputada independiente Kattia Cambonero también expresó su apoyo a la reforma presentada por Cisneros, resaltando que este es un paso positivo en la lucha contra el crimen organizado en el país. Sin embargo, subrayó que este cambio legislativo por sí solo no resolverá el problema de la inseguridad y llamó al gobierno a seguir buscando soluciones integrales.
Una extradición se llevará a cabo el miércoles.
¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
Dado que se trata de una reforma constitucional, el procedimiento implica una serie más extensa de discusiones y debates en el cuerpo legislativo. Ya el año pasado, esta iniciativa de ley había sido aprobada durante el segundo debate en la Primera Autoridad Legislativa en noviembre.
Una vez que se completen todos los requerimientos, el siguiente paso es que el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, la incluya en su informe de trabajo. Esto hizo el lunes, donde subrayó la importancia de contar con leyes más severas y efectivas, tales como las que sancionan a quienes reclutan menores para actividades delictivas o aquellos que violan las normas de seguridad y rastreo.
«Es esencial que estemos en condiciones de progresar judicialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado,» dijo. «Este documento, el número 23.701, ya está en curso y solicito que continúen apoyando esta iniciativa», agregó.
Ahora, es indispensable realizar tres discusiones durante la segunda sesión legislativa en la secuencia adecuada. Si el primer debate se aprobó el lunes y el segundo se confirmó el martes, se espera que el miércoles se complete el proceso con una votación final.
Se requieren al menos 38 votos a favor en cada ronda de votación para que la reforma avance y se haga efectiva.
