El presidente Rodrigo Chaves ha lanzado una advertencia contundente: si los partidos alternativos avanzan con el proyecto relacionado a «la reforma de la ley 8,754, que se ocupa de la ley contra el crimen organizado con el propósito de reforzar el rol de la administración en la cuestionada jurisdicción», que es comúnmente referida como «capitales emergentes», él ejercerá su derecho de veto. Chaves enfatizó su postura al respecto, señalando que no dudará en frenar cualquier intento que considere perjudicial para el país.
En sus declaraciones, el presidente Chaves mencionó un ejemplo particular relacionado con las leyes de extinción de dominio, argumentando que si estas normativas no cumplen con un marco satisfactorio, se verán objeto de un veto inmediato. «Imagine a Carlo Diaz Utility dictaminando que ciertos artículos como cinturones, zapatos, relojes y hasta el dinero en el banco podrían ser confiscados sin justificación suficiente. Esto no lo vamos a permitir», afirmó con firmeza.
El 31 de marzo, el grupo Alternativas aprobadas en el primer documento de discusión 22,834 fue introducido por el gobierno de Alvarado. Este documento planteaba otorgar a las autoridades el poder de congelar productos que tengan un origen dudoso, lo que generó un considerable debate dentro del ámbito legislativo.
El plan recibió la aprobación de 25 votos, provenientes de la Libertad Nacional alternativa, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, así como del Progreso Social Democrático de Luz Mary Alpi, y la independiente Gloria Navas. A pesar del amplio apoyo, el proyecto se enfrentó a la resistencia del partido gobernante, Nueva República, y de los liberales progresivos, quienes expresaron serias dudas sobre la redacción y propósito del texto.
El diputado liberal progresivo Eli Feinzaig ha expresado críticamente su postura frente al proyecto, cuestionando los cambios que se han realizo a los borradores iniciales. (Archivo/ la foto del observador)
Dudas
La propuesta en cuestión busca otorgar a las autoridades la facultad de confiscar o congelar bienes y activos financieros pertenecientes a individuos o comunidades bajo investigación, incluso antes de que se imponga una acusación formal. Este proceso de congelación permitiría un tiempo de hasta 30 días, y las partes afectadas tendrían solo tres días para evidenciar el origen legítimo de los fondos involucrados.
Durante su desarrollo, el proyecto experimentó diversas modificaciones, una de las más significativas fue la eliminación del umbral económico que anteriormente se había considerado necesario para proceder al congelamiento de activos. Esta decisión generó reacciones encontradas entre los legisladores, especialmente entre los representantes de la oposición.
Legisladores como Pilar Cisneros y Eli Feinzaig, de la bancada liberal progresiva, han manifestado sus reservas y preocupaciones respecto a este plan, argumentando que podría dar lugar a abusos por parte de las autoridades y afectar a ciudadanos inocentes.
A pesar de que para su aprobación en la primera discusión se había planteado la posibilidad de remitir el documento al Comité de Seguridad y Drogas para mejorar su contenido y redacción, dicha propuesta no logró ganar el apoyo mayoritario, lo cual llevó a que finalmente fuera desestimada y se desechara en el proceso legislativo.
