Durante la reciente sesión de la legislatura, se llevó a cabo el primer debate sobre un importante proyecto de ley, el cual fue aprobado con el apoyo unánime de los votos de los representantes alternativos. Este proyecto, contenido en el documento número 24,081, tiene como objetivo permitir la contribución de bienes raíces, bienes muebles y diversos servicios a partidos políticos tanto públicos como privados, en un esfuerzo por beneficiar al Ministerio de Seguridad Pública.
La propuesta fue presentada por el público Daniel Vargas, quien ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de esta reforma. Lo que se busca con este proyecto es actualizar y modificar el Artículo 6. BIS de la Ley de Policía General para adaptarse a las necesidades actuales de seguridad y financiamiento.
En términos más específicos, el texto del proyecto propone el siguiente marco:
«Las agencias gubernamentales, ya sean públicas o privadas, así como instituciones, municipios y organizaciones de desarrollo social, que estén bajo la regulación de la ley 3859, conocida como la ley de desarrollo comunitario promulgada el 7 de abril de 1967, podrán hacer aportaciones en forma de bienes raíces, mobiliario y servicios. Esto incluye la reparación y el mantenimiento de equipos, vehículos y otros bienes necesarios para fortalecer las operaciones policiales, así como la formación y provision de recursos para la construcción y mejora de diversos equipos de seguridad».
Cabe mencionar que las contribuciones realizadas bajo este marco legal no necesariamente tendrán condiciones impuestas, aunque las autoridades locales están obligadas a verificar la procedencia de los bienes antes de aceptarlos, asegurando así la legalidad y transparencia del proceso.
El texto también establece que, «las contribuciones provenientes de entidades naturales o jurídicas que estén vinculadas a la confidencialidad del servicio de inteligencia no podrán ser aprobadas si se activan flujos financieros de origen sospechoso. Esto incluye a aquellos que previamente han sido condenados por delitos relacionados con el contrabando de drogas, además de transacciones que violen la legitimidad del capital y el fraude».
Daniel Vargas es un portavoz de la iniciativa. (Cortesía/Sesión Legislativa).
Exclusiones
Una segunda discusión sobre este proyecto de ley está programada para el 19 de mayo, y se espera que la legislación sea firmada oficialmente en el edificio presidencial. Se enfatiza que las contribuciones y servicios destinados a la mejora de la policía no deben suponer un riesgo para la seguridad de la información o del trabajo que esté realizando el Director del Ministerio de Seguridad Civil o del Jefe de la Policía.
Por esa razón, se determinarán ciertas exclusiones respecto a las donaciones o servicios que se pueden ofrecer:
- -Cualquier servicio que implique manejo de bases de datos de la institución, mantenimiento de equipos técnicos, o acceso a información confidencial.
- -Servicios que limiten el desarrollo y las operaciones diarias o especiales de la organización de seguridad.
- -Proyectos destinados a proporcionar personal para operaciones relacionadas con la seguridad pública o nacional.
- -Instalaciones que sirvan para la gestión de armas dentro de la agencia.
- -Servicios que, en algún aspecto, puedan comprometer la seguridad pública.
