El 1 de abril, la sesión legislativa tuvo lugar y se aprobó en primera discusión un proyecto de ley que otorga a los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) la posibilidad de acceder a una pensión anticipada. Esta ley permite que los agentes puedan retirarse con hasta diez años de anticipación, lo que significa que pueden acceder a su pensión a partir de los 55 años, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos en la legislación.

Unos días después de esta aprobación inicial, el presidente Rodrigo Chaves anunció que, en caso de que el proyecto llegara a su escritorio, tenía la intención de vetarlo. Su postura se basa en preocupaciones sobre la sostenibilidad de la ley y sus posibles repercusiones en el sistema de pensiones del país.

La votación correspondiente al segundo debate estaba programada para la semana anterior; sin embargo, después de la intervención del jefe de la legislatura, este asunto fue retirado de la agenda, posponiendo su discusión para otro momento. Este cambio fue indicado por la subdirectora Alejandra Larios, quien explicó que la decisión se tomó para generar un espacio de diálogo más amplio y buscar un consenso en torno a este importante tema.

El Registro 22.817, que fue presentado por Dragos Donolescu y Verdiblanca Larios durante este período legislativo, originalmente contaba con el respaldo de 32 suplentes, aunque tuvo solo una votación en contra. Sin embargo, en la semana pasada, la dinámica dentro del legislativo cambió, ya que los miembros del gobierno utilizaron la mayor parte del tiempo de discusión para expresar sus objeciones, lo que impidió que se avanzara en otros temas relevantes.

Asimismo, en la última sesión realizada el jueves 10 de abril, se evidenció el estancamiento, ya que hubo escaso avance en la agenda programada. Comentario más: los agentes dieron el primer debate del proyecto que permite a los agentes de OIJ a una pensión de 55 años de edad.

Propuesta

Para que los funcionarios del OIJ puedan beneficiarse de esta pensión anticipada, deben tener 55 años y haber cumplido con una serie de requisitos. Uno de los más importantes es haber trabajado al menos 30 años en la institución. Este marco legislativo les permite acceder a una pensión que representa el 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, teniendo en cuenta la valorización de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) en el periodo respectivo, además de los costos establecidos por los servicios gubernamentales.

Además, el proyecto incluye cláusulas que estipulan las condiciones para llevar a cabo la jubilación anticipada, en caso de no cumplir con los años requeridos. Parte del texto reza:

«Si el retiro ocurre cuando el servidor o servidor se cumplen con el requisito de edad o más años, pero antes de cumplir treinta años en los lugares requeridos por las armas que se requieren, la jubilación no se negociará en proporción a los años, siempre que se haya servido la cantidad de años.»

Esta regulación termina por ajustar la cantidad a pagar, multiplicando el promedio especificado en el artículo anterior por los años de servicio y dividiendo el resultado entre treinta; lo que se obtenga será el monto final.

El presidente Chaves ha expresado que su intención de vetar este proyecto se basa en su defensa de la integridad del sistema público de pensiones. Argumentó que no se puede permitir que se otorguen pensiones a esa edad, ya que los funcionarios del OIJ se enfrentan a situaciones laborales de alto riesgo, a comparación de otros cuerpos policiales.

En sus declaraciones, Chaves hizo una analogía entre los oficiales de policía y los agentes del OIJ, enfatizando que ambos trabajan en circunstancias peligrosas.

Siga más: Chaves se negará a usar el veto que permita a los agentes OIJ obtener 55 años.