La Contraloría General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advirtió contra la alta impunidad en casos de presunto acoso sexual dentro de la institución.
Al menos el 71% de los casos de presunto acoso o acoso sexual prescriben en el MOPT.
El detalle consta en aviso de Auditoría Interna emitido mediante carta CARTA-DAG-AS-2026-0001 de 15 de enero de 2026.
La información fue recopilada a partir de datos proporcionados por la Defensoría de la Mujer de la Defensoría del Pueblo entre 2017 y 2022, entidad que advirtió sobre la “inercia administrativa”.
El auditor interno, Antonio Guasch, informó al servicio de asesoría preventiva sobre el establecimiento de controles formales para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Administración Activa en materias de presuntas conductas inapropiadas.
El funcionario señaló la existencia de alta impunidad en los casos denunciados ante las instituciones ministeriales.
Entre los hallazgos detectados, se identifican aparentes deficiencias en el sistema de información y registro entre la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) y el despacho ministerial en relación con el número de casos resueltos y el estado de las sanciones.
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Prescripción y sanciones
Según el auditor interno, la autoridad sancionadora expiró en cuatro casos por presunto acoso sexual durante 2024.
Por otro lado, la Auditoría indicó que el proceso “Gestión para la Igualdad de Género” se encuentra inactivo desde 2023 debido al retiro de su responsable. Sin embargo, ya se han iniciado esfuerzos para reactivarlo en 2026.
Guasch explicó que, si bien existe un registro de sanciones en la dirección electrónica del MOPT para la publicación de sanciones firmes, no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos legales por falta de datos completos.
En cuanto a la gestión de expedientes y transparencia, el informe mostró una discrepancia en las cifras oficiales: mientras la Dirección de Asesoría Jurídica reportó 21 resoluciones finales al 11 de septiembre de 2025, el despacho ministerial reportó 22 casos una semana después.
Según el documento, de los casos resueltos bajo la actual administración, la mayoría (13 expedientes) terminaron en absolución o archivo, cuatro por prescripción, uno por amonestación escrita y sólo uno con sanción confirmada.
Una circular dirigida a los profesionales del derecho responsables de la asignación de procedimientos administrativos generó advertencias en el ministerio al mostrar fallas en la tramitación de expedientes.
El documento, emitido por el entonces ministro Mauricio Batalla Otárola bajo el tema «Plazo de prescripción», expone un problema recurrente en el manejo de casos disciplinarios.
«La firma señala que, en diversos procedimientos administrativos, termina de manera anormal porque el investigado hace valer la prescripción y los órganos rectores o consultivos ordenan el archivo del expediente sin cumplir con el objetivo principal: conocer la verdad real o material y dictar el acta final correspondiente.
«Se indica en la citada circular que la situación genera un efecto de impunidad, al impedir la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder, afectando con ello el ambiente de control interno que se mantiene», señala el informe de auditoría.
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¿Qué dice el MOPT?
El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, dijo a El Observador que este tipo de prácticas que se dieron en administraciones anteriores son muy deplorables.
Zeledón indicó que no podía referirse a casos específicos porque en ese momento no formaba parte de la institución.
Sin embargo, destacó que durante su gestión está tratando de que este tipo de situaciones no queden impunes.
«Quiero dejar claro que desde mi gestión este es uno de los temas a los que le he dado mayor importancia internamente en el Ministerio, aparte de los proyectos de infraestructura, porque internamente me gustaría que el Ministerio sea un ambiente sano para trabajar y que no se piense que hay impunidad impulsada por la falta de acción de la jerarquía», explica el titular del MOPT.
Por otro lado, se proponen dos acciones específicas sobre el tema. El primero es el establecimiento y aprobación de la Unidad de Género en el MOPT por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
Además, la normativa para el acoso y acoso sexual ya se encuentra en Leyes y Decretos para su aprobación.
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