


Los centros penitenciarios del complejo Oeste, en Alajuela, funcionan desde hace un mes sin acceso regular a agua potable. Lo que comenzó el 13 de enero con la avería de una bomba se traduce hoy en baños discapacitados, agua marrón y malestar estomacal.
El problema comenzó tras la avería de una de las bombas que alimentan los pozos donde se almacena el agua. Desde entonces, internos y funcionarios han tenido dificultades para acceder al recurso en las distintas cárceles del complejo.
Como medida preliminar, el Ministerio de Justicia y Paz está abasteciendo de agua a través de palanganas y latas, con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Así lo informó en un comunicado de prensa emitido el 15 de enero.
En ese momento anunció un plan de contingencia y estaba trabajando para reparar la bomba dañada.
¿Y las condiciones básicas de higiene?
A pesar de ello, actualmente los trabajadores y presos no sólo se ven afectados por la falta de líquido para el consumo. Si no también por las condiciones básicas de higiene. La falta de agua impide el uso adecuado de los servicios sanitarios.
«Sólo en el penal Jorge Arturo Montero Castro hay un total de 4.000 presos. Si sumamos los demás penales, podemos hablar de unas 6.000 personas sin acceso al preciado líquido», dijo Rafael Ángel García, presidente de la asociación de ONG que ayuda a los privados de libertad y a sus familiares.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha informado de la situación al viceministro de Justicia, Nils Ching, desde el 5 de febrero. En carta solicitaron una evaluación extraordinaria y considerar la modalidad de teletrabajo para funciones que no requieran presencialidad.
El complejo penitenciario occidental reúne varias unidades, entre ellas: CAI Jorge Arturo Montero (La Reforma), UAI Reinaldo Villalobos y CAI Luis Paulino Mora.
Sin agua potable aumentan los casos de malestar y diarrea
Carrillo indicó que ha habido un aumento en los casos de trabajadores enfermos y discapacitados debido a la situación. Estas quejas desean permanecer anónimas para su protección.
«Recibimos denuncias de policías que tenían dolores de estómago, diarrea y se negaban a comer ciertos alimentos. Esto podría estar relacionado con que el agua no llega completamente limpia», dijo Carrillo.
Este viernes, el Ministerio de Justicia confirmó una situación que puede estar relacionada con los problemas de higiene provocados por la falta de agua.
Él Ministerio de Salud ordenó medida sanitaria respuesta inmediata ante un brote de diarrea en las zonas A y B del Centro Jorge Arturo Montero Castro.
Las personas privadas de libertad en estos módulos deberán permanecer aisladas temporalmente y se suspenden las visitas por tiempo indefinido. En el comunicado oficial emitido, la Justicia no mencionó el problema del agua.
Para Carrillo, “que el agua esté en lata no quiere decir que sea potable. Hay moscas e insectos, también está la manipulación de la misma, ya que mucha gente necesita agua. Por eso la solución no garantiza que sea 100% consumible”.
A mediados de enero, Justicia informó que se mantenía un flujo constante de camiones cisterna y que existía «una conexión hídrica interna que permite, mediante el uso de unidades móviles y con el apoyo de personal policial, trasladar el recurso hídrico a los distintos módulos penitenciarios, asegurando un suministro permanente a las personas privadas de libertad».
El observador Solicitó una actualización del Ministerio de Justicia esta semana, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta. El miércoles nos enviaron los comunicados publicados en enero sobre la situación.
Se proporciona agua con tazones y latas para los presos (Foto cortesía Ministerio de Justicia/El Observador).
La escasez de agua complica las jornadas laborales
La falta de agua dificultó el trabajo del personal penitenciario. Muchos funcionarios tienen que llevar el líquido desde casa para su propio consumo. Para disponer de servicios de saneamiento dependen del agua suministrada por tanques, que se agota rápidamente.
Según Marlon Carrillo, representante de la ANEP, el problema no es sólo la falta de agua para utilizar los baños, sino la imposibilidad de limpiarlos, lo que provoca condiciones antihigiénicas.
«Hemos recibido reportes de compañeras indicando que no pueden ir al baño porque están llenas de heces y orina. Esto se agrava durante su menstruación, al no tener condiciones adecuadas para utilizar el servicio sanitario», mencionó.
Por otro lado, la temporada seca y la construcción del nuevo penal en el complejo La Reforma intensificó la carga de trabajo del personal de limpieza debido al polvo que ingresa a las instalaciones.
“En el CAI Gerardo Rodríguez está subiendo demasiado polvo, te lo digo porque ya estuvimos allí, a primera vista lo notas y toses por todo el polvo que se inhala”, agregó Carrillo.
El Ministerio de Justicia informó en enero que cuenta con una conexión interna de agua que permite, mediante el uso de unidades móviles y con el apoyo de personal policial, trasladar el recurso hídrico a los distintos módulos penitenciarios (Foto cortesía Ministerio de Justicia/El Observador).
Problemas para los privados de libertad
Las personas privadas de libertad enfrentan los mismos problemas. En redes sociales, familiares informaron que el agua de algunos módulos salió color marrón.
Estos hechos fueron confirmados por Carrillo, quien indicó que específicamente en el CAI Gerardo Rodríguez se puede ver que el agua se junta con la tierra y por eso se percibe en ese color.
Según García, la solución propuesta por el ministerio con balsas de agua no es suficiente debido al gran número de presos afectados (unas 6.000 personas).
El presidente de la ONG que agrupa a los presos y sus familiares explicó que las cisternas llegan por la mañana para abastecer de agua, pero por la tarde y noche ya no hay. Sin embargo, destacó que se estaban haciendo esfuerzos para resolver el problema.
«El mayor problema es que no hay agua para beber, y las familias solo pueden traer una botella por semana para quienes están privados de libertad. Sin embargo, quienes están en alto confinamiento y máxima seguridad donde los paquetes se entregan cada dos meses», explicó García.
Justicia informó que AyA y Bomberos están cooperando para dotar de agua potable a los centros penitenciarios afectados (Foto cortesía Ministerio de Justicia/El Observador).
Sin agua y sin una respuesta clara
Desde que se averió la bomba, el Ministerio de Justicia abastece a los centros con agua transportada en camiones cisterna del AyA y Bomberos; sin embargo, según Carrillo, esta es una solución parcial.
También aseguró que la escasez de agua no es un problema nuevo, pues se repite cada inicio de verano debido al sistema de pozos que abastecen los centros penitenciarios. En ese sentido, García indicó que históricamente el agua de pozo no siempre fue apta para el consumo.
En ese contexto, la ANEP solicitó una solución definitiva y mientras tanto la implementación del teletrabajo para los funcionarios de los centros afectados. Sin embargo, según el sindicato, no han recibido una respuesta clara por parte del Ministerio.
«El recurso de agua potable no es un privilegio, pero sí una necesidad. Es un derecho humano fundamental y ver esta escasez de agua potable viola la seguridad», agregó Carrillo.
El Ministerio de Justicia informó a la Defensoría del Pueblo que la solución definitiva depende de la reparación de la bomba averiada, que requiere tres componentes. Es posible que dos lleguen en las próximas semanas, mientras que el tercero aún no tiene fecha confirmada.
«Desde el Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección de Ajuste Social y la Policía Penitenciaria, se sigue haciendo el máximo esfuerzo para evitar cualquier afectación», señala el comunicado de prensa.
Además, indicaron que los Centros Institucionales de Atención al Adulto Mayor Luis Paulino Mora Mora y el Centro Nacional de Atención Específica no sufren desabastecimiento; sin embargo, según García y Carrillo, la escasez de agua se presenta en todos los módulos penitenciarios de la provincia de Alajuela.
“Es necesario agregar que los Centros Institucionales de Atención Luis Paulino Mora Mora, el Adulto Mayor y el Centro Nacional de Atención Específica no sufrieron escasez de agua producto de la situación generada por el pozo 1”, se explica en el texto del Ministerio.
A un mes del inicio de la crisis, la solución definitiva aún no tiene una fecha clara. Mientras esperamos repuestos y respuestas oficiales, el agua, un derecho humano básico, sigue llegando a través de latas a los afectados, revelando la fragilidad de un sistema que depende de un recurso esencial para garantizar condiciones mínimas de dignidad y salud.