«La Junta Directiva excedió sus poderes al caer en el Gremio, el Gremio, democráticamente, tuvo que ser resuelto para este propósito por la Junta Directiva, como la legislación orgánica. Pecuniaria y Solidario».

Esta declaración directa, cargada de implicaciones, fue emitida por Rosibel Jara, quien se desempeña como vicepresidenta de la Asociación Balie, dirigida al resto de su junta. Esta comunicación es parte de un contexto más amplio en el que los cambios recientes han generado inquietudes y debates entre los miembros de la asociación legal.

A pesar de que el foro tomó la decisión de modificar la nota del examen de ingreso a la escuela para ajustarse a nuevas realidades, Jara destacó la posibilidad de errores en el proceso que se utilizó para implementar esta medida. «Lamento que haya sucedido en nuestra querida escuela, pero creo que es necesario y posible corregir el rumbo. Hacer lo correcto con los más altos valores éticos y cumplir con nuestra dedicación al gremio, a la ley y al país», manifestó con gran determinación.

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Para abordar estos problemas, Jara propuso una serie de medidas concretas que espera que sean consideradas. Estas incluyen:

• Emitir una advertencia que suspenda las prácticas profesionales de los defensores que se hayan beneficiado de la nueva medida. Esto se enmarcaría en un proceso de lesión, el cual permite cancelar decisiones administrativas que se perciben como perjudiciales para el interés público.
• Convocar a una reunión o asamblea general donde todos los abogados puedan debatir y decidir sobre el asunto del examen de admisión.
• Solicitar una investigación interna para analizar a fondo el proceso que llevó a estas modificaciones.
• Organizar encuentros con estudiantes y académicos para solicitar su opinión y comentarios acerca del tema que está generando tanta controversia.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 10 de la Junta Directiva, la reunión celebrada el 11 de marzo dejó claro que la Junta Directiva se limitó solamente a «tomar nota» de las protestas y advertencias emitidas.

¿Son válidos los cambios en la Asociación Barie?

Adentrándonos en el fondo de estos cambios, es evidente que la manera en que fueron implementados ha creado un gran debate y controversia. La Regulación de deontología legal, supervisión y excelencia académica otorga ciertos poderes respecto a la posibilidad de adaptar el examen de admisión para satisfacer las necesidades que surgen con el desarrollo tecnológico y los intereses públicos, siempre cuidando los derechos fundamentales de quienes buscan unirse a la asociación.

Sin embargo, la interpretación mayoritaria de la Junta Directiva parecía inclinarse hacia la idea de que este permiso abarcaba la posibilidad de bajar la calificación del examen de ingreso.

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Por otro lado, un sector de la Junta, que cuenta ahora con el respaldo del vicepresidente, comenzó a cuestionar la profundidad de las modificaciones que se pueden realizar con respecto a este estándar. «Es entendido que se refiere a aspectos logísticos, como la localización del examen. Si solo se decide que se realice en San José, o si será posible que se lleve a cabo en diferentes regiones. También se debate sobre si se prescindiría del examen tradicional y se implementaría un sistema más tecnológico, como lector óptico», argumentó.

No obstante, también se expuso que se requería la implementación de otros mecanismos conforme a la legislación orgánica. Esto incluiría la celebración de una asamblea general específica para discutir estos relevantes temas.

Un ojo en las incorporaciones masivas

En otra línea, Jara se centró en el fenómeno de las incorporaciones masivas, donde a un número considerable de defensores se les entrega su licencia tras cumplir con los nuevos requisitos impuestos.

En este sentido, Jara llamó la atención sobre el análisis que se ha hecho respecto a los solicitantes de estos procesos acelerados. «Se ha creado una comisión para revisar cómo se están atendiendo estos casos de solicitudes masivas, ya que algunos de estos registros son ilegales», destacó.

Asimismo, subrayó que la Dirección Ejecutiva tiene la responsabilidad de asistir a las incorporaciones, y no ha sido el área académica. «Existen comisiones de miembros de la Junta Directiva encargadas de evaluar estos requisitos, sin embargo, parece que no hay un informe previo que respalde su cumplimiento. Esto sugiere que la revisión de requisitos pudiera haber sido realizada por un oficial que no tenía la competencia necesaria», argumentó Jara.

La falta de claridad respecto a si se cumplen o no los requisitos establecidos es un problema que debe ser resuelto prontamente, concluyó.

Menos notas y otros cambios

Desde la aprobación de la ley en 2014, la Asociación Barie ha estado funcionando bajo la normativa del «examen de excelencia». Para ejercer la carrera en el país, ya no se requiere únicamente el título de derecho, sino también aprobar evaluaciones en diferentes ramas del derecho, que incluyen:

• Derecho Penal
• Derecho Civil
• Derecho Comercial
• Derecho Familiar
• Derecho Laboral
• Derecho Constitucional
• Derecho Administrativo

Sin embargo, el problema radica en que se ha puesto de manifiesto una tasa de aprobación muy baja, con menos del 10% de los aspirantes llegando a obtener su licencia, lo que invita a reflexionar sobre la efectividad del proceso.

Nota Más: La censura de los comentarios en redes sociales ha provocado serios problemas para la Asociación Balie.

Por lo tanto, la evaluación de la forma y el contenido de los recientes cambios ha comenzado a calar hondo en la Asociación Barie.

En las últimas semanas, se han implementado cambios significativos. El comité de expertos ha introducido nuevas modificaciones al examen, lo que ha incluido una votación para bajar la nota de aprobación a 70. Ahora, el examen se llevará a cabo en bloques, lo que significa que solo deberán repetir las partes en las que los aspirantes no logren superar las evaluaciones iniciales, lo que supone una simplificación del proceso.

Además, ya no se realizaría un examen centralizado; en su lugar, se activarán espacios en regiones. También se contempla la contratación de un experto en evaluación para ayudar en la formulación de las preguntas más adecuadas.