Recientemente, el presidente Rodrigo Chaves lanzó un anuncio que ha generado una ola de reacciones en el ámbito político de Costa Rica. En este contexto, se mencionó que si para el mes de septiembre no se resuelve la controversia relacionada con el Canon, la factura de radio y televisión podría convertirse en un símbolo de oscuridad durante la sesión legislativa. La respuesta del Parlamento no se hizo esperar.

En particular, la representante adjunta de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, hizo pública su molestia al cuestionar la postura amenazante del presidente. Esta crítica fue expuesta antes de que ella se comunicara con y también fue parte de su control político en una sesión reciente del Parlamento.

Rojas enfatizó que, si el país está experimentando periodos de oscuridad, la responsabilidad recae directamente sobre el presidente. Señaló: «Si el país sufre de oscuridad, es su responsabilidad, está en sus manos. Es incumbencia del presidente construir soluciones, no es tan complicado». Esta afirmación subraya su descontento con lo que percibe como una falta de liderazgo y búsqueda de consensos.

La representante también insistió en que no es a través de amenazas como se lograrán resolver los problemas, y demandó que se busquen acuerdos desde la misma sesión legislativa. Rojas mencionó que los dos registros relacionados con el Canon están siendo investigados en el Comité de Gobierno y de Gestión, y hay varias propuestas en espera que buscan llegar a un acuerdo favorable.

Uno de los proyectos que está sobre la mesa ha sido presentado por la Comisión competente y plantea una recaudación porcentual que buscaría equiparar los ingresos generados por las telecomunicaciones a lo largo del tiempo. Rojas dejó claro que la existencia de las antenas de televisión y de radio, si desaparecen, no sería culpa del Parlamento. «Se debe a que la Comisión no ha anunciado que se realice un cambio que no afecte a los dueños de Teletica», vinculándose con la estrategia del presidente Chaves.

El presidente, en otro momento, advertía sobre la inminente decisión que se tomaría en septiembre, destacando que estaba explicando a los ciudadanos de Costa Rica cuán cerca se encontraban de ver sus intereses políticos afectados, actuando de acuerdo con sus corazones y billeteras. Esta advertencia generó aún más tensión en la situación.

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Escritorio

Otro de los proyectos discutidos fue presentado por el libertario Óscar Izquierdo, el cual no cuenta con el respaldo del gobierno. Este proyecto fue objeto de críticas por parte de la Ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, quien dejó claro, durante una declaración el miércoles, que este enfoque es problemático. Según la jerarquía, este nuevo modelo crearía un impacto monetario significativo, generando 3.5 millones de empresas anuales. Sin embargo, mante dicho enfoque afectaría gravemente a las pequeñas y medianas empresas que dependen de estos ingresos para su funcionamiento.

El presidente del Gobierno y el Comité de Gestión, Álvarado, tomó la iniciativa de hablar con , afirmando que ya se estaban tomando medidas para crear un ambiente de trabajo en búsqueda de un acuerdo que permita solucionar la situación. «Se ha debatido sobre la necesidad de trabajar juntos, alcanzar consensos y prometimos tener una conversación con el vicepresidente Alejandro Barrantes para organizar una primera mesa de trabajo con los legisladores», manifestó el representante del Neorepublicanismo.

El objetivo de Las partes ahora es alcanzar un compromiso que logre satisfacer las demandas de cada una y permita enfrentar de manera efectiva la crisis que se ha sido provocada por las tarifas actuales. Según Álvarado, el propósito es resolver la situación antes de septiembre.

Vale recordar que las concesiones que poseen las compañías de radio y de televisión en Costa Rica caducan el 28 de julio de 2024. Sin embargo, el gobierno ha decidido extender este plazo por 15 meses adicionales, lo que llevaría la nueva fecha límite a septiembre de 2025.