El aya y la salud aún son desobedientes al orden: la contaminación con clorotalonilo se mantiene en cipreses de Cartago

Tres años después de la primera advertencia de salud sobre la presencia de Clorotalonilo en Recursos hídricos en árboles de abetos de Oreamuno de Cartón, el problema aún persiste. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado (AyA) y el Ministerio de Salud no han logrado resolver la situación que afecta directamente al suministro de agua potable en la región. Esta inacción ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de la zona, quienes dependen de estas fuentes de agua para su consumo diario y su bienestar general.
El reciente fallo emitido por la Sala Constitucional en una Nueva oración (2025-12770) deja claro que el Ejecutivo no ha cumplido con la decisión tomada hace tres años (2022-026065). Esta decisión, que exigía a ambas instituciones «Resolver de manera integral y definitiva la situación de la contaminación por metabolitos de clorotalonilo en el Emergiendo de la siembra y Carlos Calvo de los cipreses fritos de Oreamuno», sigue sin ser ejecutada, lo cual es inaceptable para la comunidad afectada.
El Poder Judicial tiene un Gestión de desobediencia en este caso. A pesar de las órdenes explícitas, el gobierno ha cesado el suministro de agua mediante camiones cisterna y no ha implementado otras medidas que se habían designado como necesarias. Esta falta de acción ha incrementado la desconfianza de la población hacia las instituciones responsables de su salud y bienestar.
La misma Sala Constitucional ha declarado que, en Octubre de 2024, las medidas sanitarias deben construirse a partir de la detección de metabolitos de clorotalonilo en las fuentes de agua mencionadas. La entidad ha expresado su preocupación mediante un comunicado oficial, enfatizando la seriedad de la situación y la necesidad de respuestas rápidas y efectivas por parte de las autoridades.
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El gobierno quería cumplir con otros límites
Es importante recordar que el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional desde 2022 (Iret-uno) ha encontrado Contaminación del fungicida de clorotalonilo en las áreas de Plantón y Carlos Calvo, lo que añade aún más gravedad a la situación. Las normativas costarricenses estipulan que la Concentración máxima permitida de pesticidas en el agua potable es de 0.1 μg/L (microgramo por litro), y que la Suma total de todos los pesticidas no debe exceder 0.5 μg/L.
Sin embargo, las autoridades han insistido en que no existe un problema de salud, argumentando que los parámetros establecidos por la Organización de la Salud Panamericana han sido cumplidos, y que los niveles de contaminación no sobrepasan lo permitido. Estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo, ya que los pobladores señalan que se han realizado mediciones independientes que contradicen a las oficiales.
“Varios tipos de metabolitos derivados del clorotalonilo han sido encontrados en concentraciones superiores a las permitidas”, afirmó la sala, resaltando la falta de reformas en las regulaciones que podrían incluir nuevos parámetros basados en evidencias científicas adecuadas. Este escenario ha coincidido con la decisión del gobierno de ignorar estudios previos realizados por el IRET, que, aunque no contaban con un laboratorio acreditado, aportaron información crucial sobre la contaminación.
Fue solo ante la creciente presión ciudadana que, en Noviembre de 2023, el presidente Rodrigo Chaves tomó la decisión de prohibir el uso de clorotalonilo. Esta acción buscó atender las demandas de los ciudadanos que se sienten vulnerables por el uso de este químico en sus cercanías.
En Julio de 2024, tanto AyA como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) iniciaron la recolección de muestras de agua en las comunidades afectadas para evaluar la situación y tomar decisiones informadas al respecto.
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