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El compartimento constitucional declara una nueva coalición de alternativas sobre proyectos de capital en crecimiento

Recientemente, el magistrado del Gobierno Constitucional emitió una declaración señalando que la consulta relacionada no fue autorizada debido a la oposición de 21 diputados, quienes argumentaron que existían múltiples violaciones de la ley vinculadas al crimen organizado. Esto llevó a que el tema fuera discutido en una sesión legislativa donde se aprobó bajo el documento de referencia 22,834.

Este proyecto, que ha sido denominado «capital emergente», busca otorgar al ministerio público la facultad de solicitar la aprobación de ciertas medidas, así como pronósticos y precauciones preliminares ante el tribunal administrativo y civil. El objetivo fundamental es asegurar, bloquear o confirmar activos financieros que podrían estar involucrados en actividades ilícitas.

Este desarrollo legal implica que se podrían congelar los activos de individuos bajo sospechas de delitos, especialmente en casos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, y estos bloqueos se efectuarían previamente al inicio de la investigación formal.

En el año anterior, tras la aprobación del primer debate de este proyecto, varios diputados optaron por enviar la consulta a una revisión más detallada, pero se encontraron con que no se había realizado la debida consideración dentro de la estructura organizacional. Se introdujo un mínimo cambio en el Comité Asesor Constitucional, revalidándose luego en la primera discusión.

Los representantes del PLP, que es el partido en el poder, junto a algunos miembros de los Pusc y la Nueva República, propusieron una nueva consulta para su revisión por parte del departamento correspondiente.

Los magistrados manifestaron su preocupación declarando que, ante el Tribunal Constitucional, la consulta no debería haber permitido el establecimiento previo de estas medidas cautelares y provisionales, ya que entran en conflicto con principios fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a una defensa justa, y asuntos como el tratamiento en casos de libertad condicional y el respeto a las leyes contractuales.

Asimismo, enfatizaron que los proponentes no lograron justificar adecuadamente la nueva consulta, lo cual contradice la legalidad y podría obstaculizar el proceso legislativo y la aplicación de la autoridad constitucional de la Legislatura. Esto fue claramente reflejado en un comunicado de prensa posterior.

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¿Por qué en contra de eso?

Los diputados que se oponen a esta iniciativa argumentan que la propuesta atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, permitiendo la confiscación de sus propiedades sin que haya quejas formales en su contra. Un aspecto particularmente criticado es la eliminación de un umbral económico que antes limitaba la posibilidad de congelar bienes.

La diputada Pilar Cisneros, líder del partido gobernante, advirtió que con una simple sospecha, sin necesidad de una acusación formal adecuada, existiría el riesgo de que se congelaran los bienes de cualquier persona. Por otro lado, Eli Feinzaig, del PLP, señaló que esta propuesta invierte la carga de la prueba, lo que implica que un individuo ya no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que es considerado culpable hasta que logre probar su inocencia, todo ello sin la existencia de un umbral económico claro.

Feinzaig también mencionó que la propuesta tiene fallos importantes, ya que no establece un umbral, lo que permitiría que se congelen bienes sin una acusación formal, dejando a los ciudadanos solo tres días para demostrar el origen de su patrimonio, y esto podría generar injusticias graves.

Finalmente, los magistrados, en su resolución, subrayaron que al revisar la nueva consulta, encontraron que la única modificación realizada al proyecto de ley fue la eliminación del artículo (a) número 20 ter, a fin de ajustarse a los criterios emitidos en la sentencia correspondiente con el número 2024-029411. De este modo, indicaron que el resto del proyecto se mantuvo inalterado, sin que se proclamara un nuevo episodio significativo.

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