El general del país, representado por la ejecutiva Marta Acosta, ha expresado recientemente su preocupación acerca del proyecto de reforma con el número 24.215, el cual tiene como objetivo modificar las leyes de contratación pública de manera que se excluyan a organizaciones como la Cruz Roja y la Asociación Internacional de la Ley. Este proyecto ha generado un amplio debate y una serie de comentarios, poniendo en relieve el potencial riesgo que conlleva implementar tales reformas.

El inspector ha intervenido para destacar que estas reformas podrían resultar en la imposibilidad de contratar a estos organismos, lo que a su vez podría minimizar el control efectivo y la supervisión de los acuerdos públicos establecidos. Esta inquietud fue reiterada en un comentario oficial enviado el pasado lunes, subrayando la necesidad de considerar cuidadosamente las repercusiones de estas modificaciones.

«Es fundamental señalar que la posición del General del Ejército Republicano en relación con el proceso legislativo del Proyecto No. 24.215 ha coincidido en afirmar que la utilización de fondos públicos del gobierno debe hacerse conforme a las normativas que rigen las políticas públicas, así como los principios de competencia justa y transparente», mencionó en su declaración.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el diputado Verdiblanco Oscar Izquierdo, quien ha manifestado su respaldo al proyecto en el primer debate que tuvo lugar durante la 37 Legislatura. Sin embargo, algunos representantes como Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, pertenecientes a la oposición liberal progresista, se han declarado en contra, generando un ambiente de tensión en torno a esta propuesta.

A pesar de que se han realizado ajustes significativos al texto original, el supervisor ha hecho hincapié en que aún subsisten múltiples riesgos relacionados con la propuesta, indicando que «permanecen serias preocupaciones sobre la posibilidad de llevar a cabo contrataciones de obras públicas sin la debida competencia. Esto es contradictorio con lo que establece nuestra constitución política, además de limitar la capacidad del gerente para ejercer su control total, tal como se detalla en su ley orgánica y afecta directamente a la valoración de la Agencia Constitucional en estos casos.»

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Cambiar en movimiento

Tras un período de inactividad, el subsecretario de la izquierda, Portillos, manifestó que la intención detrás de la nueva legislación no es simplemente abrir la puerta a contratos sin restricciones, sino más bien abordar preocupaciones fundamentales que han obstaculizado el acceso del país a fondos de cooperación internacional. En sus declaraciones, enfatizó que «la esencia de este proyecto de ley es facilitar que el país obtenga capital de cooperación internacional a través de acuerdos de costos compartidos, sin modificar de ninguna manera cómo se lleva a cabo la contratación pública bajo la supervisión actual de las entidades privadas».

El legislador también aclaró que «las preocupaciones expresadas por el Jefe de la República han sido consideradas y atendidas en el desarrollo del proyecto». A medida que se avanza en la discusión del mismo, existe la posibilidad de presentar enmiendas o cambios que puedan mejorar su estructura y garantizar que los acuerdos con otros países continúen sujetándose a los principios esenciales de la ley vigente.

«Este enfoque garantiza que tanto el estado como los procesos de control interno de las unidades de contratación nacional se mantengan intactos y no se vean comprometidos», concluyó el PLN en una comunicación reciente.