La jueza Tatiana López emitió un anuncio de inhibitorio el pasado martes en relación al juicio del caso conocido como «La Trocha», en el cual se desempeñaba como juez del Tribunal Penal de Finanzas. Este caso ha captado la atención de diversos sectores debido a las implicaciones que podría tener en el ámbito de la corrupción y la administración pública.

Aunque el llamado al juicio se realizó el lunes, la situación se complicó debido a que el abogado de la defensa mencionó ciertos problemas que surgieron en el año 2017. En particular, el abogado hizo referencia a la necesidad de resolver cuestiones relacionadas con embargos que se estaban investigando en la ruta. Este aspecto subrayó la relación de López con el caso, lo que llevó a su decisión de solicitar la inhibición.

La jueza argumentó que no tenía suficiente conocimiento sobre los pormenores del asunto, sin embargo, citó la jurisprudencia de la corte interamericana respecto a los estándares de imparcialidad judicial, lo que fundamentó su petición de retiro del caso. Su decisión fue respaldada por una consulta donde participaron tanto la oficina del fiscal como la del controlador, quienes coincidieron en la importancia de garantizar los derechos del acusado y la necesidad de una justicia imparcial.

Sin embargo, la defensa tomó una postura contraria a la separación de la jueza. En su defensa, se manifiesta un alto grado de confianza en la imparcialidad del proceso. Además, indicaron que no había lugar a reclamaciones sobre posibles demoras en el desarrollo del juicio, insinuando que el proceso judicial debería continuar sin interrupciones.

La única voz disonante fue la de la defensa pública, que insistió en que, si la situación no se rectificaba, esto podría generar repercusiones negativas en el futuro. Esta entidad incluso hizo alusión a que su desafío correspondía a un acto equivalente al inhibitorio de la jueza, lo que complejizó la dinámica de la audiencia.

Tras deliberar sobre todos estos elementos, el resto del tribunal aceptó la solicitud de inhibición de López. En su lugar, Andrea Víquez asumirá el rol de juez, siendo ella un cuarto juez que ya había sido convocada para asumir el caso en situaciones imprevistas. Además, Cinthya Ramírez y Joshua Artavia continuarán desempeñándose como jueces en este proceso.

Detalles de la audiencia tribal
En el contexto del caso, un total de catorce personas están acusadas de varios delitos relacionados con el manejo cuestionable de recursos públicos. Entre los apellidos imputados en el juicio se encuentran:

• Acosta
• Castillo
• Villalobos
• Barista
• Serrano
• Ramírez
• Bandear
• Soto
• Firmar
• Malla
• Zarzamora
• Méndez
• Morera (mujer)
• Montoya
• Campos

Los delitos que se están analizando incluyen los cargos de corrupción, sobornos, mal uso de recursos del tesoro público y enriquecimiento ilícito, lo que le da un carácter bastante serio al juicio, dado el impacto que podría tener en la percepción pública de la justicia. El debate estará cargado de testimonios, ya que se espera que alrededor de 109 personas comparezcan para dar cuenta de su conocimiento sobre el caso.

Los hechos de 2012

Este caso surgió en el contexto del gobierno de Laura Chinchilla durante el año 2012, comenzando como una operación de defensa ante la invasión de Nicaragua, y evolucionando hacia un proceso judicial enfocado en la administración y gestión de fondos, en particular en lo que respecta a la entidad Conavi. A lo largo del tiempo, la propia administración ha arrojado luz sobre el caso, sugiriendo irregularidades que beneficiaron a empresas constructoras involucradas en el proyecto.

A pesar de todos los acontecimientos, el juicio ha enfrentado múltiples retrasos, siendo el más reciente en el año 2023. Se esperaba que el proceso judicial pudiera iniciar a mediados de ese año, pero un accidente de motocicleta que involucra a uno de los acusados ha generado demoras adicionales en la agenda del juicio, lo que mantiene a todos los participantes en una expectativa prolongada respecto al desarrollo del caso.