La reciente sesión legislativa en Costa Rica ha dado lugar a la aprobación de una ley significativa sobre la seguridad en los centros penitenciarios, conocida como la lista de 24,162. Esta legislación, que se aprobó en un segundo debate finalizado el jueves, tiene como objetivo castigar a aquellas personas que introducen de manera ilegal teléfonos móviles, satélites o cualquier otro medio de comunicación electrónico en instituciones carcelarias del país.

Esta propuesta fue presentada inicialmente por el Poder Ejecutivo y fue declarada en octubre del año pasado. Tras una semana de deliberaciones, se llevó a cabo el primer debate, y hoy, finalmente, obtuvo la aprobación por un contundente respaldo de 41 votos a favor dentro del Parlamento.

El contenido de esta iniciativa establece penas de prisión que oscilan entre dos y cuatro años para aquellos individuos que faciliten, presenten o de cualquier forma contribuyan a la entrada de dispositivos de comunicación no autorizados, como teléfonos móviles y equipos similares, dentro de un centro penitenciario.

El texto legislativo emitido por el Parlamento es claro y directo en sus disposiciones:

«Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión, lo que, sin ser legal o regulatoria por esto, posee, presenta, facilita o compra de cualquier manera que la entrada a una institución criminal de acciones cerradas, teléfonos móviles, satélites u otros equipos de comunicación, sus componentes técnicos, y las tarjetas SIM».

En Costa Rica, varios ciudadanos han sido víctimas de fraudes relacionados con llamadas provenientes de internos en centros penitenciarios, situación que se da mayormente debido a que muchos prisioneros logran acceder a teléfonos móviles a través de visitas. Esta problemática ha llamado la atención de las autoridades, quienes a partir de ahora buscan una forma más efectiva de abordar el delito y la manipulación que se ایجاد por la utilización de dichas herramientas de comunicación indeseadas.

Anteriormente, no existían penas específicas para quienes introducían esta tecnología ilegalmente, lo que motivó la creación y presentación del presente proyecto de ley. Ello con el propósito de establecer un marco más sólido en la lucha contra este tipo de actividades ilícitas.

Es relevante mencionar que las penas de prisión aumentarán hasta en un tercio si la persona que introduce un teléfono móvil en la cárcel tiene la condición de «funcionario público», o si se trata de proveedores de servicios o productos dentro de las instituciones penales. Además, las penas también se verán incrementadas si los profesionales, como abogados, que facilitan el ingreso lo hacen en uso de sus atribuciones, sin contar con la debida autorización.

Recomendamos que se mantenga al tanto de las primeras sanciones propuestas para aquellos que sean sorprendidos ingresando teléfonos móviles a las prisiones.