Una importante iniciativa está tomando forma dentro de la Asamblea Legislativa, y podría significar un cambio notable en la vida financiera de miles de costarricenses. Este proyecto de ley, que ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Legales, estipula que las deudas de tarjetas de crédito, electrodomésticos y vehículos que hayan sido prescritas durante más de cuatro años podrían ser eliminadas automáticamente del historial crediticio de los consumidores por un juez. Este movimiento podría liberar a muchas personas de situaciones financieras complicadas.

Este cambio es de gran relevancia porque, por ley, aunque una deuda se considere prescrita, todavía suele seguir apareciendo en los registros de crédito. Esto puede obstaculizar la capacidad de las personas para acceder a créditos, préstamos o cualquier tipo de servicio financiero. En la actualidad, el procedimiento para eliminar tales deudas requiere un proceso judicial que puede resultar largo y costoso para quienes la sufren.

El diputado Francisco Nicolás, del Partido Nacional de Liberación (PLN), es uno de los principales impulsores de esta propuesta que busca establecer un equilibrio más justo entre las necesidades de los consumidores y las prácticas de las entidades financieras. Este proyecto no solo contempla la eliminación automática de la deuda, sino que también busca prohibir el acoso telefónico y las comunicaciones no deseadas por parte de las empresas que intentan cobrar deudas ya prescriptas.

«Esta iniciativa no es simplemente un mecanismo de justicia financiera, sino que también es un medio para proteger a los costarricenses que destinen más del 70% de su salario para cubrir sus deudas y, aún así, continúen sufriendo actos de acoso», aseguró el diputado.

¿Qué significaría esta reforma?

• Las deudas asociadas a tarjetas de crédito, compras en cuotas o vehículos serían eliminadas de los antecedentes crediticios tras cuatro años de prescripción, evitando la necesidad de pasar por procedimientos judiciales adicionales.

• Las entidades de cobranza no podrían seguir contactando a los deudores una vez que sus deudas hayan sido declaradas prescritas de acuerdo con la ley.

• Esta reforma sería beneficiosa también para reducir la carga en el sistema judicial, que actualmente enfrenta un gran número de casos relacionados con cobros de deudas. Según las cifras del poder judicial, alrededor del 60% de los casos en los juzgados provienen de demandas por cobro, lo que complica aún más el avance de otros procesos judiciales como los de pensión alimentaria y asuntos penales.

Impacto nacional

A finales del año 2024, se estima que más de 1.3 millones de costarricenses estaban registrados con deudas formales, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Este proyecto podría representar un gran alivio para una parte significativa de esa población, en especial para aquellos que han enfrentado prácticas hostiles o que están luchando con problemas económicos.

Ahora, el texto del proyecto debe ser llevado ante el plenario legislativo, donde será sometido a votación en dos lecturas. Si consigue la aprobación, será enviado al poder ejecutivo para que se promulgue como ley.

Una vez que entre en vigor, se espera que esta medida proporcione un alivio financiero considerable y justicia para miles de personas que, hasta la fecha, cargan con deudas que legalmente ya no deberían existir.