La reciente votación en el ámbito legislativo arrojó resultados significativos en torno a la cuestión del autocultivo de cannabis en Costa Rica. Los representantes Danny Vargas, Francisco Nicolás y Alejandra Larios, junto con el público representado por Daniel Vargas, decidieron votar en contra de esta iniciativa. Su rechazo llevó a la invalidación del registro de 24,176, que buscaba permitir a los ciudadanos acceder a tratamientos de autocultivo de cannabis para uso personal.

La propuesta fue introducida por el legislador Ariel Robles, quien representa al Frente Amplio, en el mes de febrero de 2024. La iniciativa tenía como objetivo primordial autorizar a los ciudadanos adultos a cultivar hasta 20 plantas femeninas de cannabis en sus hogares, con el fin de facilitar el acceso a esta planta para necesidades puramente personales.

En esta votación, solo los legisladores Rocío Alfaro y Johana Obando, quien ocupa el cargo de subdirectora general independiente, decidieron apoyar la propuesta. Como resultado de esta negativa, la propuesta será presentada nuevamente para su discusión y consideración por las autoridades correspondientes.

El diseño del sistema automático que se había planeado en el proyecto de ley buscaba abordar de forma directa la problemática del mercado ilegal de cannabis y al mismo tiempo promover un enfoque alternativo en las políticas de salud pública. Desde la perspectiva del diputado Robles, es de suma importancia que el estado ofrezca a los usuarios la posibilidad de autocultivar cannabis, lo que no solo protege su salud, sino también sus derechos humanos y su seguridad. Esto se da en un marco legal que busca eliminar la dependencia del mercado farmacéutico ilegal para este tipo de tratamientos.

Los defensores del autocultivo argumentan que la legislación actual sobre el cannabis en Costa Rica es restrictiva, basándose en el Artículo 58 de la ley sobre narcóticos y drogas psicotrópicas, que establece prohibiciones sobre el cultivo de estas plantas. Sin embargo, a pesar de las restricciones, esta ley permite ciertos resquicios que podrían ser utilizados para penalizar el cultivo únicamente destinado al consumo privado, lo que genera un debate amplio sobre la necesidad de cambiar esta normativa.

En caso de que un cultivador exceda el límite de 20 plantas establecido por la ley, se estipula que podría enfrentar una multa que oscilaría entre uno y cinco salarios básicos, lo que representa un costo significativo para los infractores.

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