Un nuevo esfuerzo por parte del Gobierno se ha puesto en marcha con la intención de eliminar el uso de efectivo dentro de las instituciones penitenciarias, así como de recurrir a personas que han sido privadas de libertad. Este innovador proyecto se estructura a partir de una reciente orden emitida por la Dirección General para el Ajuste Social del Ministerio de Justicia y Paz, que se encuentra regida por la carta número 01-03-25, la cual ha estado en vigor desde el miércoles pasado.

La razón fundamental de esta propuesta es combatir la relación entre criminalidad y el uso del efectivo en las cárceles, buscando frenar la compra y venta de drogas, así como la extorsión que ocurre entre los internos y las empresas ilegales que operan dentro de este entorno. De esta manera, la medida no solo pretende desmantelar las redes criminales que se alimentan del uso de dinero en efectivo, sino que también formará parte de un conjunto de mecanismos destinados a reforzar el control penitenciario establecido por la administración actual, que se ha comprometido a mantener un ambiente seguro y ordenado dentro de las cárceles.

Uno de los aspectos clave de este nuevo sistema es la promoción de un control de pagos que ofrezca trazabilidad, permitiendo que cada transacción pueda ser monitoreada. Actualmente, se están llevando a cabo reuniones con entidades bancarias estatales con el objetivo de implementar un proceso que otorgue a las personas privadas de libertad la posibilidad de acceder a cuentas bancarias. Esta medida marcará un cambio significativo en la forma en que se gestionan las finanzas dentro de las instituciones carcelarias, ya que, al mismo tiempo, los reguladores internos están trabajando en los respectivos instrumentos normativos que la situación demanda.

De acuerdo con lo establecido en la circular correspondiente, se contempla la incautación de efectivo en el caso de aquellos internos que posean dinero. La circulación de efectivo está totalmente prohibida, y aquellos que llevan dinero consigo tendrán un plazo de cinco días hábiles para transferirlo a sus familiares o a una persona de confianza, contribuyendo así a la eliminación del manejo de efectivo dentro de los recintos penales.

Escanear dentro de la reforma

Además de la mencionada iniciativa, el gobierno también comunicó la instalación de un dispositivo, resultado de una donación de 2016 de la Embajada de los Estados Unidos, que consiste en 113 millones de colones en efectivo. Este instrumento, conocido como BodyCanner, comenzó a operar el sábado 22 de marzo y ha permitido a las autoridades detectar a cuatro internos en posesión de drogas y teléfonos móviles.

Con estas acciones, que incluyen el fortalecimiento de las medidas administrativas, como la clausura del manejo de efectivo en las cárceles, el Gobierno de la República ha presentado un ambicioso proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Este proyecto abordará de manera integral todas las problemáticas relacionadas con la gestión de las empresas privadas dentro del sistema penitenciario, buscando fundamentalmente mejorar las condiciones de seguridad y control en las instituciones carcelarias.