Las personas que se encuentran en la difícil situación de padecer enfermedades graves están ahora ante la posibilidad de acceder anticipadamente a los fondos que poseen en su pensión complementaria obligatoria, conocida como ROPC. Este cambio legislativo representa un avance significativo en la forma en que se gestionan los fondos de pensión para aquellos que enfrentan condiciones de salud críticas.

Recientemente, los diputados de la Legislatura aprobaron un importante documento, el número 22,299, que se espera sea fundamental para facilitar el acceso a estos fondos en circunstancias de enfermedades severas. Este desarrollo se produce en un contexto en el que cada vez más personas demandan flexibilidad y opciones frente a situaciones de salud angustiosas.

El proceso comenzó el 27 de febrero, cuando la propuesta recibió luz verde en su primera discusión, aunque se solicitó realizar ciertas modificaciones y revisiones adicionales antes de continuar. Se anticipa que esta semana se lleve a cabo el segundo debate, lo que permitirá avanzar de manera más efectiva hacia la implementación de esta medida.

Antes de la primera discusión, la Legislatura acordó que, en el caso de que el propietario de la cuenta no pueda llevar a cabo el proceso de jubilación ROPC por sí mismo, una tercera persona, designada por él, tendrá la facultad de realizar todos los trámites necesarios. Este aspecto es particularmente importante, ya que reconoce que las condiciones de salud críticas pueden limitar la capacidad de las personas para manejar sus propios asuntos financieros.

La reforma presentada por la Confederación tiene como objetivo mejorar la Ley 22 sobre la protección de los trabajadores y establece lo siguiente:

«Artículo 22

Las personas tienen la opción de solicitar el retiro anticipado de sus fondos por un período de hasta 60 meses o un retiro total de los fondos acumulados en sus compañías de recursos. Esta opción está disponible para los pensionistas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones y cumplan con los requisitos establecidos:

a) Aquellos que enfrentan una enfermedad terminal, según lo definido por la CCS;

b) Personas que padecen de una salud deteriorada o han sufrido un accidente grave que ha provocado cambios significativos en su estado de salud, con un alto riesgo de fallecimiento y que, tras evaluaciones basadas en evidencia, los tratamientos disponibles ofrecen pocas probabilidades de prolongar su vida, de acuerdo con la formación y evaluación realizada por la CCSS.

Es importante destacar que la CCSS estará encargada de evaluar y confirmar la condición de un paciente que se encuentra en grave estado de salud, dado que esto requiere la certificación de un médico. No obstante, existe la posibilidad de que determinadas unidades emitan regulaciones para definir qué médicos están autorizados para expedir dicho certificado, asegurando que el proceso sea lo más legítimo y transparente posible.

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