El reciente desarrollo legislativo ha sido significativo e impactante, ya que con el voto unánime de 40 suplentes en el segundo debate, se ha dejado firmemente establecido en la sesión legislativa el documento número 24,834. Este nuevo marco legal se propone aumentar el tiempo para la prescripción de la corrupción, un tema que ha cobrado especial relevancia en el contexto actual.

Esta propuesta, elaborada en el seno del frente amplio, comenzó su trayectoria legislativa a principios de marzo. Ahora, tras superar este crucial debate, el único paso que queda es la firma del presidente, Rodrigo Chaves, lo que marcaría la entrada en vigor de este nuevo marco que busca combatir de manera más efectiva los actos de corrupción en el país.

La iniciativa original, que contaba con la asistencia de Ariel Robles, planteaba un incremento en el período de prescripción de los delitos de corrupción a 25 años. Sin embargo, tras intensas negociaciones con el legislador Fabricio Alvarado, se decidió proponer un aumento aún más significativo, llevando este tiempo a 30 años. Cabe destacar que la prescripción actual era de tan solo 10 años, lo que limitaba severamente las posibilidades de perseguir estos delitos después de un tiempo determinado.

La propuesta fue aprobada oficialmente el 28 de marzo durante una reunión parlamentaria que fue calificada como inusual debido a su carácter urgente. En esa misma reunión, se continuó con la discusión respecto al texto, señalando la relevancia que la cuestión tenía para el contexto político y social que enfrenta el país en la actualidad.

El vicepresidente Ariel Robles, quien se desempeña como portavoz de la iniciativa, subrayó la importancia del mensaje que esta legislación envía a la sociedad: «Con esta decisión, damos un claro mensaje de que una persona que ha incurrido en corrupción no escapará a las consecuencias y tendrá que rendir cuentas ante la justicia y la opinión pública».

El contenido del proyecto busca añadir un inciso (d) al artículo 31 del Código Penal, específicamente para modificar los términos de la prescripción de la acción penal. La formulación de esta propuesta es la siguiente:

31. Gr.- Términos de prescripción de acción penal. Si no se inicia un caso penal, la acción prescribirá:

(…)

(d) Treinta años después de la entrada en vigor de la Ley Penal, específicamente en relación a la Ley 8422, que se refiere a la Ley de Corrupción, así como a la habilitación ilegal en el ejercicio de funciones públicas, promulgada el 6 de octubre de 2004, y de los delitos tipificados como «delitos contra los deberes de los servicios públicos» en las normativas penales pertinentes.

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FA-Nueva República

Es importante mencionar que el partido Nueva República ya había introducido un proyecto en el año 2021, que se discutió bajo el documento 22,460, donde, al igual que en la propuesta actual, se planteaba un período de prescripción de 30 años para estos delitos. Sin embargo, tras un acuerdo en el servicio de procesamiento, se llegó a un consenso para modificar el tiempo, aumentando de 25 a 30 años, manteniendo así la intención original de endurecer las penas y la persecución de la corrupción.

Cabe destacar que, al aprobarse esta reciente enmienda, el proyecto de la Nueva República, que se había gestado durante el período legislativo anterior, fue archivado, ya que la extensión de cuatro años adicional no fue aprobada. A pesar de ello, se logró un consenso entre Nueva República y el Frente Amplio, permitiendo que esta nueva propuesta avance hasta alcanzar otro debate, con la esperanza de que el presidente la firme en un corto periodo de tiempo.