La reciente discusión en la Asamblea Legislativa se centra en el proyecto de ley 22.817. Este documento, presentado inicialmente en el año 2021 por Dragos Donolescu, ha vuelto a ser objeto de atención gracias a la contribución de la diputada Verdiblanca Alejandra Larios, quien ha impulsado su reconsideración en este período legislativo. La aprobación en la primera discusión marca un hito en este proceso legislativo, lo que sugiere que el tema está comenzando a ganar tracción y apoyo dentro del marco legal del país.

El proyecto busca una importante modificación que permitiría a los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) poder acceder a un programa de pensiones anticipadas. Bajo esta iniciativa, se establece que estos agentes pueden solicitar una licencia de transporte de armas como parte de los requisitos necesarios, además de realizar un trabajo durante un mínimo de 30 años para calificar. Esta medida es significativa ya que tendría un fuerte impacto en la vida laboral y personal de estos funcionarios, quienes en muchos casos enfrentan situaciones de alto riesgo en sus labores cotidianas.

Es relevante destacar que la propuesta cuenta con el respaldo de 32 suplentes, lo que indica un fuerte apoyo entre la oposición, en contraposición a la postura de la autoridad legislativa del partido gobernante, que ha mostrado reticencias sobre la misma. Dicho apoyo indica una posible fractura en las alineaciones partidarias respecto a la seguridad y los derechos laborales de los agentes del OIJ.

Para que los funcionarios del OIJ puedan beneficiarse de un retiro anticipado, deberán cumplir con ciertos requisitos, siendo el principal tener un mínimo de 55 años y al menos 30 de servicio en la institución. Esto permite que los agentes califiquen para obtener pensiones que son equivalentes al 82% del promedio de sus salarios mensuales durante los últimos 240 meses, ajustadas según el índice de precios al consumidor (IPC) en ese mismo período, lo que refleja un enfoque en la equidad y las necesidades financieras de los jubilados del sector público.

El proyecto legislativo también contempla artículos específicos sobre cómo llevar a cabo el proceso de jubilación anticipada, especialmente en situaciones donde no se cumplan los años requeridos. Una de las cláusulas más críticas detalla que si un empleado se retira cumpliendo con la edad, pero no con el número de años, la pensión no se ajustará proporcionalmente a los años trabajados, siempre y cuando hayan cumplido con la duración mínima de servicio exigida.

«Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumplen con el requisito de edad o más años, pero antes de cumplir con los treinta años en las condiciones requeridas para la pensión, la jubilación no se negociará en proporción a los años, siempre que se haya servido la cantidad de años mínimos exigidos.»

Este tipo de disposiciones refleja la intención del legislador de ofrecer opciones de retiro más flexibles, aunque también plantea interesantes dilemas sobre el equilibrio entre los derechos adquiridos y las limitaciones impuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema. La próxima discusión sobre este proyecto está programada para el 8 de abril, lo que brindará a los legisladores la oportunidad de revisar y ajustar los aspectos clave según el debate y las necesidades de la sociedad.