Costa Rica logró resultados mixtos en la evaluación de integridad y anticorrupción más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por un lado, la Organización destaca la existencia de una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) generada en 2021.
A esto se suma la diversidad de órganos de control como la fiscalía general y la contraloría. Además, se destacan las competencias regulatorias de diversas entidades públicas como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Planificación.
En las áreas de mejora, eso sí, la OCDE arroja luz sobre dos puntos específicos: el lobby y el acceso a la información.
En cuanto al lobby, la mayor crítica es la falta de una ley, así como las lagunas que existen en la materia.
“El marco legal actual en Costa Rica no define los conceptos de lobby o lobbyistas, no introduce sanciones por el incumplimiento de la normativa sobre lobby e influencia.
«No prevé una función de control por parte del gobierno central para garantizar la transparencia de las actividades de lobby. Tampoco exige la divulgación de datos corporativos que permitan identificar a los propietarios de las empresas o que haga que la información sea accesible al público, incluso a través de un registro central», dice la OCDE.
«No hay períodos de reflexión para los cabilderos que tienen acceso a funcionarios públicos. Costa Rica tampoco tiene un registro de cabildeo que mejoraría la transparencia en torno a las actividades de influencia a través de la divulgación de información.
«Tales como las áreas de intervención, los tipos de actividades de lobby, así como los presupuestos y gastos relacionados», describe la OCDE.
La información (no tan) pública
La otra área crítica es el acceso a la información, ya que no existe ninguna regulación que garantice que los datos gubernamentales estén «abiertos por defecto».
Los mecanismos de acceso no cuentan con un organismo centralizado que regule posibles problemas.
«En consecuencia, no existen datos estadísticos sobre las solicitudes de información y no se imponen sanciones en caso de incumplimiento», añade la auditoría. La OCDE señala en particular la falta de publicidad de información como agendas gubernamentales y reuniones ministeriales.
Buen punto para el Poder Judicial
En contraste, uno de los segmentos donde hay señales positivas es en la administración de justicia.
Aquí es donde destaca la Integridad Judicial. Se basa en principios como la independencia de los jueces y normas para impedir su libre destitución.
También alimenta el sistema abierto para el nombramiento de jueces y los controles éticos que se les aplican.
«Existe un procedimiento general para denunciar faltas de conducta de funcionarios del Poder Judicial. Así como un canal interno que permite denunciar dichas conductas de manera confidencial o anónima», agregaron.
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A esto se suma un apartado sobre la integridad de la Fiscalía.
«La normativa de Costa Rica define las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y establece las sanciones correspondientes. También define las circunstancias específicas que pueden dar lugar al retiro de los fiscales», señala la OCDE.
También se observa positivamente que la vigencia del Código de Ética del Poder Judicial también se aplica a los fiscales.
Los otros puntos a favor de la OCDE
Finalmente, otros puntos donde el país es bien evaluado en los estándares de la OCDE son:
- Conflictos de intereses: La Ley contra la Corrupción establece pautas claras de control. Asimismo, se valora positivamente la existencia de declaraciones anuales ante la Contraloría.
- Financiamiento de partidos políticos: El TSE mantiene un control permanente sobre los gastos de campaña y los informes son públicos.
- Sistema disciplinario para funcionarios públicos: Las Leyes de Empleo Público y Servicio Civil regulan los procesos disciplinarios.
En todos los indicadores, la OCDE dividió los ítems en dos: progreso regulatorio y aplicación práctica:
El informe completo de la OCDE se puede leer en ESTE ENLACE.
La evaluación de la OCDE abarca varios indicadores de la institucionalidad de cada uno de los países (Alonso Solano/El Observador)