Durante esta semana, el tema de las licencias para cuidadores de pacientes terminales y menores gravemente enfermos se convirtió en uno de los principales puntos de tensión.
La situación involucra a diversos actores como el gobierno, la CCSS, la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Trabajo y la Asamblea Legislativa.
Mientras 1.200 familias aún no reciben el subsidio, las instituciones enfrentan distintos criterios legales sobre cómo reactivar los pagos que están suspendidos desde septiembre.
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Aprobación del presupuesto
El directorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este martes el segundo presupuesto extraordinario para 2025, que incluye ¢2.700 millones para cubrir las licencias por cuidado.
«La aprobación de este presupuesto extraordinario es fundamental para mantener el pago de las licencias por cuidados, así como las licencias extraordinarias», declaró Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución.
Según explicó, los recursos provienen del tercer presupuesto extraordinario de la República, que también incluye fondos para pensiones y bonificaciones del régimen no contributivo (RNC) y obligaciones del IVM.
Sin embargo, la decisión generó polémica por el origen de los recursos y cuestionamientos sobre su fundamento jurídico.
Las autoridades gubernamentales solicitaron a la CGR la aprobación del presupuesto. (Foto Mariana Mena/El Observador).
«No se necesita ninguna reforma»
Ante esto, el Gobierno sostiene que no es necesaria una reforma de ley para que la Contraloría autorice el uso de los fondos.
Según Paula Bogantes, ministra del Micitt, los recursos asignados no provienen del Fodesaf -como lo introdujo la Ley 7756- sino del Presupuesto Nacional, por lo que pueden utilizarse para pagar subsidios.
«Estos ¢2.700 millones no provienen de nómina, es una transferencia corriente. Por eso no hace falta el proyecto de ley», dijo Bogantes durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial el viernes.
Además, pidió a la Contraloría «resolver con la misma celeridad con la que respondió la consulta del diputado Jonathan Acuña», recordando que desde septiembre está pendiente otro presupuesto del Fondo.
«Aquí no estamos hablando de puertos deportivos o edificios, estamos hablando de vidas humanas», añadió.
Por su parte, la presidenta de la CCSS señaló que la institución actuó «en tiempo récord» siguiendo la orden del presidente Rodrigo Chaves para resolver el tema.
«El lunes el presidente se dirigió al pueblo y el martes la junta directiva aprobó el presupuesto extraordinario», dijo.
El dirigente insistió en que la documentación requerida ya fue enviada a la Contraloría.
“Si la Contraloría se toma los 20 días que tiene por ley, el plazo vence el 5 de diciembre y estas familias no pueden esperar más”, agregó.
Cabe mencionar que desde principios de octubre el Fondo informó que no había más presupuesto para el pago de licencias, pero no fue hasta el 4 de noviembre que se presentó el presupuesto para resolver la situación.
Afectado por la suspensión de sueldos fuera de la Casa Presidencial. (Foto Mariana Mena/Observador).
Sentencias judiciales y límites legales
Por otro lado, esta semana la Sala Constitucional resolvió cinco recursos de amparo presentados por personas afectadas y ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo garantizar los pagos.
Los magistrados fueron contundentes al decir que «el Estado no puede justificar el incumplimiento de sus deberes constitucionales bajo el argumento de limitaciones financieras o presupuestarias».
Actualmente, el tribunal tiene 26 expedientes adicionales bajo revisión, lo que refleja la magnitud del problema.
Mientras tanto, la Contraloría reiteró su opinión de que se necesita una reforma legal para ampliar los recursos destinados a licencias.
En su respuesta al diputado Jonathan Acuña, la entidad controladora señaló que la Ley 7756 permite utilizar sólo el 0,5% del Fodesaf, porcentaje que se agotó en septiembre, y recordó que la CCSS aún no finaliza la entrega de información financiera debido a la implementación de su nuevo sistema contable.
Nueva solicitud
Luego de las decisiones de la Cámara IV y la falta de convocatoria del proyecto de ley 25.240, el diputado Jonathan Acuña envió un nuevo escrito a la Contraloría solicitándole evaluar la aprobación del presupuesto de la CCSS dentro de sus competencias y con estricto apego al ordenamiento jurídico.
«Ambos obstáculos se pueden solucionar en el marco del proyecto 25.240, porque ese texto ya aborda la autorización para utilizar más recursos y permitirá incorporar una norma transitoria», explicó el legislador.
Acuña lamentó que el director general no convocara la iniciativa y pidió buscar «cualquier vía que permita una respuesta inmediata» para abordar la situación de cientos de familias cuidadoras.
«Entenderé perfectamente si desde el punto de vista jurídico no es posible que la Contraloría proceda como se indica; su deber es cumplir con el marco actual. Pero pido que se evalúe plenamente cualquier vía que permita una respuesta inmediata», dijo.
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¿Qué está en juego?
Por ahora, la continuidad del subsidio depende de dos caminos:
- Que la Contraloría apruebe el presupuesto extraordinario de la CCSS
- Que el Poder Ejecutivo solicite votación del proyecto 25.240 en segundo debate
Si la Contraloría utiliza los 20 días hábiles que marca la ley, la autorización llegará hasta el 5 de diciembre, retrasando aún más los pagos.
Mientras tanto, las familias afectadas siguen sin respuesta y con la esperanza de que las instituciones logren desbloquear una cuestión que, más allá del debate jurídico, tiene consecuencias humanas inmediatas.
