La ministra de Salud, Mary Munive, ha expresado su firme y contundente condena hacia el alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, en el contexto de una situación que involucra a la fiscalía adjunta, la búsqueda de transparencia y la Oficina de Corrupción. Este pronunciamiento no solo subraya la importancia de una gobernanza responsable, sino que también resalta el compromiso de las autoridades de mantener la integridad en las funciones públicas.

Según lo indicado por el Ministerio de Salud, la acción legal ha sido promovida debido a una presunta violación de los deberes que atañen al alcalde, específicamente en relación con el estadio ‘Lito’ Pérez, que se localiza en el cantón central de la provincia. Esta medida busca reforzar la supervisión sobre la conducta de los funcionarios públicos y asegurar que cumplan con sus responsabilidades.

«La acción legal que hemos llevado a cabo responde al compromiso institucional de proteger el interés público y garantizar condiciones de salud adecuadas especialmente en espacios que albergan un gran número de personas», declaró el Ministerio de Salud en un comunicado emitido este viernes. Este tipo de actuación es esencial para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos que acuden a tales eventos.

Munive subrayó que las acciones del Ministerio son el resultado de un enfoque firme y responsable, diseñado para asegurar que todas las instituciones respeten y actúen conforme a las regulaciones de salud vigente. Este tipo de monitoreo es crucial para prevenir potenciales riesgos que pudieran surgir del incumplimiento de normativas establecidas.

«El Ministerio actúa proactivamente para garantizar que todas las instituciones cumplan con sus obligaciones, en especial en lo que se refiere a la protección de la salud de la ciudadanía», añadió Munive, enfatizando el papel de su cartera en la salvaguarda del bienestar público. Esto se convierte en un llamado a la responsabilidad entre los funcionarios para asegurar que actúen siempre en beneficio de la comunidad.

La noticia de esta acción legal surge una semana después de que el Ministerio de Salud decidiera cerrar el Estadio Buenos Aires, generando así un conjunto de interrogantes hacia la administración municipal. En ese caso, la entidad de salud verificó que el escenario deportivo estaba incumpliendo con las normativas sobre edades y que se había llevado a cabo una construcción no autorizada de una estructura.

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Bajo proceso de confidencialidad

El Ministerio de Salud recordó que, de acuerdo a la sección 295 de la Ley de Procedimiento Penal, todo el proceso penal se encuentra bajo un régimen de confidencialidad. Esto implica que solo las partes involucradas o sus representantes legales tienen acceso al archivo del caso. Además, cualquier individuo que posea conocimiento sobre el asunto tiene la obligación de mantenerlo en secreto, tal como argumenta la entidad competente.

«El incumplimiento de esta obligación se considera un error grave», advirtió la institución, subrayando la severidad con la que se tomará cualquier fuga de información o incumplimiento de este protocolo. Esto resalta la importancia que tiene la confidencialidad en el desarrollo del proceso judicial y la protección de la integridad de los involucrados.

Por esta razón, el Ministerio de Salud ha indicado que no proporcionará más información sobre la queja mientras el proceso legal continúe activo. El compromiso con la transparencia y la justicia será priorizado, siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos de todas las partes.