Randall Zúñiga, el director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), ha expresado su posición respecto al reciente veto del Gobierno de la República sobre el proyecto de ley que busca establecer derechos de pensión para los agentes que cumplan 55 años y 30 años de servicio. Esta intervención del Gobierno ha generado un cúmulo de reacciones y un debate significativo sobre la sostenibilidad y equidad de las pensiones en el ámbito judicial.
Esta tarde, Marta Esquivel, quien se desempeña como ministra de planificación y Alejandro Barrantes, viceministro del Presidente, hicieron su aparición en la Asamblea Legislativa para formalizar el veto. Este proceso requiere obtener un mínimo de 38 votos para su aprobación final, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
Zúñiga destacó que en la votación anterior, el proyecto recibió el respaldo de 40 votos y expresó su esperanza de que se reitere dicho apoyo en la discusion próxima.
«Es nuestra expectativa que el proyecto de ley sea revisado en el mismo periodo y que continúe recibiendo el respaldo que ha tenido hasta ahora por parte de los diputados», mencionó Zúñiga el martes por la noche, generando optimismo entre los partidarios del proyecto.
Diferencia
El Gobierno fundamenta su postura en la percepción de que las pensiones eventualmente se convierten en una carga insostenible para el sistema judicial, como lo ha señalado un comité de pensiones. Esta visión se contrapone con la argumentación de Zúñiga, quien presentó un informe actuarial reciente que demuestra la solvencia del fondo de pensiones, que actualmente se sitúa en un notable 97%.
«Esto es significativamente superior a cuando fue elegido el anterior director, quien en un momento tuvo un fondo con una solvencia del 84%», explicó Zúñiga. Esta cifra se derivó de un estudio actuarial realizado en 2020, que ya no representa la situación actual.
Además, Zúñiga destacó que los agentes del OIJ contribuyen hasta tres veces más que otros servidores públicos, lo que respalda aún más su argumento sobre la viabilidad del proyecto de ley.
«Cabe mencionar que todos los servidores públicos que se jubilan dejan de contar con beneficios en caso de discapacidad, fallecimiento, o viajes, lo que limita su acceso a las pensiones. En el caso de los funcionarios de la corte, específicamente en el OIJ, tras su retiro, continúan aportando un 13% de su salario al fondo de pensiones», afirmó Zúñiga.
Es relevante mencionar que el veto enviado al Congreso esta tarde es un compendio de 319 páginas y contiene la evaluación actuarial del Fondo de Jubilación y Pensiones del Judiciario para 2024.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, había advertido que esta iniciativa estaría en veto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Defender al público
Por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había manifestado, hace semanas, que colocaría un veto sobre esta ley una vez que fuera aprobada. Su intención es proteger al público, argumentando que, en general, la ciudadanía no cuenta con oportunidades de pensión al llegar a los 55 años. Chaves hizo una comparación entre los agentes de policía y los funcionarios del OIJ para reforzar su punto.
Chaves argumentó que los policías enfrentan situaciones de mayor riesgo y peligrosidad en su labor diaria. «Cargan con un equipo adicional y están expuestos a riesgos en comparación con la policía de la corte», aseveró. En respuesta a estas afirmaciones, Zúñiga indicó que, en realidad, los oficiales del OIJ cumplen con horarios de trabajo distintos y más extensos en comparación con otros cuerpos policiales.
Por ejemplo, los funcionarios del OIJ registran aproximadamente 3,000 horas de trabajo al año, mientras que otros agentes policiales rondan entre 2,000 y 2,244 horas anualmente. Por ende, Zúñiga considera que la propuesta de 30 años de servicio es justificada, destacando que muchos de estos agentes pueden efectivamente trabajar hasta 45 años, dado que realizan turnos de 12 horas en su labor.
El argumento del ejecutivo, que sostiene el veto, se basa en aspectos tales como:
- Desviaciones del principio de igualdad ante la ley.
- Impactos negativos sobre principios de razonabilidad y cohesión social.
- Riesgos a la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Este planteamiento fue presentado por el subdirector general, Dragos Dolanescu, en el año 2021, y ha sido promovido por la diputada libertaria, Alejandra Larios, durante el actual período constitucional en el que nos encontramos.
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