El Ministerio de Salud se ha propuesto coordinar a los municipios para mejorar la gestión de los residuos sólidos, implementando una nueva legislación que incluye sanciones en caso de incumplimiento. Esta nueva normativa marca un cambio significativo en la forma en que los municipios manejan los desechos, garantizando una mejor organización y eficiencia.

A partir del pasado viernes, los municipios están obligados a organizarse según regiones oficialmente establecidas, en lugar de operar de manera aislada, lo que podría resultar ineficaz. Esta obligación surge del desarrollo de una nueva regulación diseñada para el manejo de residuos sólidos ordinarios, elaborada por el Ministerio de Salud.

La ministra de Salud, Mary Munive, enfatizó: «Estamos en crisis y es una oportunidad para priorizar el esfuerzo de Costa Rica en ser realmente verde.» Su comentario pone de relieve la urgencia de abordar el problema de la gestión de residuos en el país. «Este cambio busca mejorar la eficiencia en la recolección y la eliminación final de los desechos, con el fin de evitar transferencias innecesarias de residuos a largas distancias y mitigar las repercusiones ambientales y económicas que surgen de una gestión inadecuada,» añadió la ministra, quien también ocupa el cargo de vicepresidenta de la República.

De acuerdo con lo estipulado por el Ministerio, los residuos deben ser gestionados dentro de la misma región donde fueron generados, siguiendo una división territorial definida previamente por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Plan Mid). Este enfoque implica una transformación significativa en la organización y logística de la recolección de servicios municipales y su respectivo manejo.

Entre los aspectos más destacados de esta nueva regulación se encuentran:

• Una distancia máxima de 80 kilómetros entre el punto de generación de residuos más lejano y el sitio de disposición final.
• Si esta distancia se supera, se requerirá el uso de estaciones de transferencia, donde los desechos se consolidan antes de ser enviados a su disposición final, lo cual ayudará a reducir costos y a mejorar la eficiencia del proceso.
• Los sitios de disposición final, conocidos como parques ambientales, deberán estar ubicados a más de 500 metros de centros educativos, centros de salud y industrias alimentarias, salvaguardando así la salud pública y la seguridad ambiental.

Las autoridades tienen la expectativa de que los municipios consigan recolectar al menos un 25% de los residuos que tienen un valor económico. Actualmente, este porcentaje es alarmantemente bajo, ya que no supera el 4%.

Multas y sanciones

El nuevo marco regulatorio no solo establece pautas claras para la gestión de residuos, sino que también incluye sanciones severas para aquellos municipios que incumplan la normativa:

• Los municipios que no presenten el informe de gestión de residuos en el sistema VII dentro del plazo establecido enfrentarán una orden de salud y dispondrán de diez días hábiles para corregir su situación. De no hacerlo, se les impone una multa de ¢ 462.200 y, además, Pueden ser cerrados.
• Si se detecta que un municipio transfiere desechos fuera de su región sin los permisos correspondientes, también enfrentará una orden de salud emanada hacia el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y se aplicarán otras medidas, que podrían incluir la eliminación de placas, retenciones o incluso la incautación de vehículos.

La ministra también destacó que esta legislación no debe verse únicamente como un requisito técnico, sino como una oportunidad valiosa para transformar la cultura ambiental del país. «La gestión de residuos ya no puede llevarse a cabo de manera aislada en cada municipio. La experiencia ha demostrado que el trabajo colaborativo es fundamental para mejorar la eficiencia y mitigar los efectos negativos que la gestión inadecuada de residuos puede tener sobre el medio ambiente y la salud pública,» concluyó Munive.

Además, enfatizó que el tiempo de vida de los vertederos sanitarios actuales está llegando a su fin, lo que podría resultar en una grave crisis de residuos en el corto plazo si no se toman medidas urgentes.