La oficial adjunta del fallo, Pilar Cisneros, se mostró evidentemente frustrada tras la decisión negativa en relación a la reforma constitucional que se había propuesto. Esta reforma tenía como fin permitir que se pudiera celebrar un referéndum sobre las pensiones, particularmente en lo que respecta a aquellas que son denominadas «de lujo». La propuesta no solo intentaba abrir un debate democrático, sino que también buscaba abordar un tema sensible y controversial dentro de la sociedad.

El cambio en cuestión involucraba una modificación del artículo 105 de la Constitución Política, a la que se referían con el término ‘Deceto’. La finalidad de esta enmienda era que los ciudadanos pudieran opinar activamente sobre la continuidad de estas pensiones, generando así un espacio de participación que podría cambiar significativamente la estructura del sistema de pensiones en el país.

A pesar de la buena intencionalidad detrás de la reforma, Observador indicó que se hizo palpable la negativa de algunos sectores a que el proyecto siguiera su curso. El desarrollo legislativo alcanzó su clímax el miércoles, cuando se completó la tercera lectura del documento y se realizaron las votaciones pertinentes. El resultado fue desfavorable, ya que solo se obtuvieron 16 votos a favor, mientras que 25 se pronunciaron en contra. Esta falta de apoyo significó que la propuesta quedara sin vida.

“La lista va al archivo”, declaró Carlos Felipe García, quien se desempeña como presidente interino del Parlamento y también es secretario de la Legislatura. Esta frase marcó la conclusión de un intento legislativo que prometía generar importantes debates acerca de la justicia social y el uso de los recursos públicos.

El bloque que apoyó la reforma estuvo conformado por los partidos Pusc y la Nueva República, mientras que los que se opusieron fueron el PLN, el Frente Amplio, el PLP así como algunos suplentes independientes. Este claro posicionamiento ilustra las divisiones ideológicas que caracterizan actualmente la política del país.

Siga más: Diputados de tres clases

Un monto millonario

Pilar Cisneros consideró que con la decisión de no avanzar con esta reforma se está «robando» una suma astronómica que asciende a 265,000 millones. Esta cifra refleja el costo que para el Estado representan estas pensiones de lujo, que generan inequidades en el sistema y que, según ella, deberían ser eliminadas. «De acuerdo a la Constitución y la ley, debería prevalecer la igualdad», afirmó Cisneros, denunciando las injusticias que sufre la población general debido a este tipo de pensiones.

«Algunas pensiones lujosas nos cuestan anualmente 265 mil millones. Esta es una cantidad que podríamos destinar a mejorar áreas vitales como las carreteras, la educación, la seguridad o becas para estudiantes», añadió en una clara crítica al manejo presupuestario del país.

En una reciente sesión, mientras se debatía sobre otro proyecto de ley destinado a conseguir fondos para la construcción y reparación de puentes, Cisneros no desaprovechó la ocasión para reiterar este tema. Mencionó con insistencia que no puede ser que se destinen cifras tan elevadas a personas que, según ella, no las ganaron legítimamente durante su vida laboral, mientras que ese dinero podría emplearse para potenciar la infraestructura del país.

La votación fue decisiva, y por el momento, las reformas anunciadas en abril de 2023 murieron en el ámbito legislativo, lo que genera un impacto significativo en las expectativas de cambio social y económico.