Después de haber arrastrado una larga historia marcada por escándalos, el Sodalicio de la Vida Cristiana ha llegado a un punto crítico, que ha culminado finalmente en una decisión tomada por El Vaticano durante el pasado fin de semana. Este conjunto de circunstancias ahora conlleva un proceso que implica la disolución de la organización y la revisión de su influencia, particularmente en regiones como Costa Rica.
En este contexto, cabe destacar que la Iglesia Católica local ha optado por no reclamar ninguna autoridad sobre el proceso de disolución.
“Se trata de una experiencia de vida sacra que trasciende la autoridad de los obispos, y en última instancia, depende del Santo Padre”, citó el patriarca de San José en una conversación con este medio de comunicación.
“La implementación de esta decisión de descomposición es un proceso alineado con el dicasterio de la doctrina de la fe, y se está haciendo bajo la supervisión del sacerdote Jordi Bertomeu. Las directrices para llevar a cabo la disolución serán enviadas a todas las naciones del mundo”, agregaron desde la Iglesia.
Es importante mencionar que esta decisión a nivel global se encuentra cimentada por años de acusaciones de irregularidades que involucran a líderes en los más altos niveles de la organización.
¿Qué hicieron en Costa Rica?
En su página web, el Sodalicio hace referencia a su conexión con Costa Rica, afirmando que esta se remonta a más de 30 años atrás.
“Previo a la llegada del Sodalicio, el Movimiento de Vida Cristiana fue fundado en San José en 1993. Desde ese entonces, los miembros del Sodalicio han acompañado y guiado la vida del movimiento a través de varios grupos, incluyendo grupos marianos, Nazaret, Betania y Emao”, declararon en su plataforma.
La formalización de su presencia tuvo lugar en el año 2005, bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de San José.
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Más allá de sus actividades religiosas, la influencia del Sodalicio se ha extendido a diversas áreas dentro de la sociedad costarricense.
“Los sodálites no solo participan, sino que también promueven proyectos de solidaridad y han realizado una significativa aportación a la vida y desarrollo de la Universidad Juan Pablo II», mencionó su sitio web.
Frente a este asunto, la mencionada institución educativa aclaró que opera de manera independiente.
“La Universidad Juan Pablo II está bajo la estructura legal de la Asociación de Promotores del Apostolado, una organización sin fines de lucro, registrada en el Registro Nacional, cuyo consejo directivo es autónomo del Sodalicio de Vida Cristiana, siendo Christian Farfán Caballero su director ejecutivo”, aseguraron en su declaración.
Declaración contra el sacerdote
En septiembre de 2019, El Observador reportó que un miembro del Sodalicio, parte del grupo fundador, estaba siendo investigado en Costa Rica por un presunto abuso sexual.
Este hecho salió a la luz en un contexto donde se reveló que la Iglesia Católica había estado manejando una lista con 40 alegaciones relacionadas con curaciones e investigaciones, en la cual se incluía el nombre de este sacerdote originario de Perú.
El 23 de septiembre de 2019, el Sodalicio confirmó la existencia de la investigación en contra del sacerdote, después de recibir aviso del Tribunal Eclesiástico Provincial de Costa Rica sobre un testimonio de un supuesto abuso ocurrido 11 años antes.
Sin embargo, el 10 de febrero de 2020, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, desestimó la queja, y decidió archivarla por falta de fundamentos que la sustentaran.
El Sodalicio reconoció sus abusos
La trayectoria del Sodalicio remonta a Perú en 1971, cuando fue fundado por el sacerdote Luis Fernando Figari.
Su figura se convirtió en un baluarte de la organización, a tal punto que el propio Sodalicio reconoció que Figari, junto a otros altos mandos, había perpetrado abusos psicológicos, físicos y sexuales tanto hacia menores como hacia adultos.
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El 14 de febrero de 2017, el Sodalicio publicó un informe contundente respecto a los abusos cometidos por Figari y otros, lo que condujo a que la jerarquía recibiera sanciones por parte del Vaticano.
“Figari empleó su posición de liderazgo para establecer un control y dirección autoritarios sobre la mayoría de los sodalites, convirtiéndose en la figura más poderosa dentro de la organización. Muchos creían que sus dictámenes eran directamente enviados por Dios”, señala el informe sobre la situación.
“Este ambiente de confianza permitió a Figari llevar a cabo abusos contra algunos candidatos que se integraban al SCV”, añaden los hallazgos.
El cierre del Sodalicio
En enero de 2018, el Papa Francisco ordenó la intervención del Sodalicio considerando la “gravedad” de los hechos que salieron a la luz. Desde 2017, la fiscalía peruana ha estado investigando y posteriormente solicitó condenas penales contra Figari y otros miembros del Sodalicio.
A inicios de este año, el asunto escaló a un nuevo nivel con la orden emitida por el Papa Francisco el 20 de enero, que imponía la disolución del Sodalicio.
Además, la decisión de desmantelar el Sodalicio se formalizó bajo la supervisión del Sr. Simona Brambilla, quien es el prefecto del Dicasterio. En este contexto, se designó a Jordi Bertomeu Farnós como liquidador.
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En su declaración final, el Sodalicio envió mensajes a varios sectores de la sociedad.
«Nuestra aparición también se dirige a las víctimas, reiteramos nuestras más sinceras disculpas por el abuso y los sufrimientos ocasionados dentro de nuestra comunidad. Asimismo, nos disculpamos con toda la iglesia y la sociedad por el dolor causado”, concluyeron en su mensaje final.
