El Tribunal Penal de Finanzas ha tomado una decisión contundente al rechazar las afirmaciones presentadas por el abogado José Miguel Villalobos en relación con su participación en el juicio de la ruta. Este juicio es de gran relevancia ya que incluye la representación de ocho acusados, lo que añade un nivel considerable de complejidad al proceso judicial. Villalobos ha intentado aclarar su situación en múltiples ocasiones, subrayando que este caso específico coincide en tiempos y aspectos con el caso Fénix, donde también actúa como defensor. Esta intersección de casos ha resultado en una notable incomodidad para él, ya que llevar ambos procesos simultáneamente presenta significativos desafíos logísticos y legales.

Villalobos explicó que se emitió una orden destinada a facilitar el manejo de estos casos, la cual permitía que se realizaran audiencias durante un horario extendido, específicamente de las 04:00 a las 20:00. Sin embargo, a pesar de este intento de solucionar el problema, el abogado manifestó su intención de referir el asunto a la sala IV, buscando quizás un respiro que le permitiera gestionar de mejor manera sus obligaciones profesionales. A pesar de todos estos esfuerzos, el Tribunal no aceptó su postura ni sus justificaciones.

El tribunal respondió de manera firme y categórica, emitiendo un fallo que se traduce en lo que se ha denominado un «abandono del caso». Esta decisión implica que los jueces consideran que fue Villalobos quien decidió simultáneamente abordar estos casos, y por ende, es responsable de la situación actual que enfrenta. En este sentido, el tribunal subrayó un aspecto crucial de su deliberación: consideran que en la conducta del abogado hay un «claro abandono», sugiriendo que su falta de atención hacia uno de los casos ha perjudicado a los acusados.

Como consecuencia de esta determinación, el Tribunal Penal de Finanzas ha iniciado un proceso que permite a los acusados sustituir a su defensa. Tienen un plazo de cinco días para designar a un nuevo abogado que asuma su representación legal. En caso de que no logren encontrar un nuevo defensor en ese tiempo estipulado, el tribunal les asignará automáticamente un defensor público, garantizando así que los acusados no queden desprovistos de representación legal en un momento tan crítico. Esta resolución del tribunal no solo busca salvaguardar los derechos de los acusados, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad y la dedicación de los abogados en el ejercicio de su profesión.