La Corte Suprema de las elecciones ha emitido su fallo en relación a un nuevo aspecto del contexto político que rodea la guerra electoral, enfocándose en esta ocasión en la figura de la ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández. Este desarrollo sugiere una intensificación de la lucha política que se ha venido observando en el ámbito electoral, donde las acusaciones y las controversias se han vuelto cada vez más comunes.

En dos resoluciones datadas el 27 de marzo de 2025, la sección especializada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ocupó de remitir al ámbito de inspección electoral dos quejas, las cuales han sido consideradas como denuncias de guerra política. La primera queja fue presentada por un grupo de ciudadanos compuesto por Óscar Aguilar Bulgarelli, Óscar Castillo Rojas, Erick Sova Marín, Marco Castillo Rojas y Rocío Frames Varela, mientras que la segunda acusación provino del diputado Antonio Ortega, quien también está asociado al movimiento político del Partido Frente Amplio.

Tanto la primera como la segunda queja hacen referencia a una conferencia de prensa que tuvo lugar el 30 de enero de 2025, en la que el gobierno, entre otros anuncios, comunicó la renuncia de Laura Fernández. Esta situación ha catalizado reacciones en la esfera política, dado que se cuestiona la transparencia y la ética en el trato de los asuntos públicos. En particular, el diputado Ortega ha denunciado el uso indebido de un PIN y ha criticado las manifestaciones del exministro que aluden al símbolo del Jaguar, que ha sido interpretado como un signo de conexión política y de manipulación electoral.

El conjunto de ciudadanos que ha interpuesto la queja adicionalmente sostiene que el símbolo aludido representa el emblema de un partido político debidamente registrado, lo que añade otra capa de complejidad legal y política a la situación. Este conflicto de intereses podría estar en el centro de la discusión sobre la legitimidad de las acciones del gobierno y de su interpretación por parte del TSE.

Como parte de la investigación a realizar por la inspección electoral, se contempla llevar a cabo preliminares indagatorias sobre los hechos en cuestión, con el objetivo de esclarecer la situación y determinar si realmente existieron irregularidades que requieran alguna medida correctiva. Es importante destacar que la inspección electoral del TSE es un ejemplo de las capacidades internas de este organismo, que incluye funciones de sanción y procedimientos que buscan garantizar la integridad y la justicia en el proceso electoral.

No debemos olvidar que el TSE no actúa como un órgano decisivo en estos casos, puesto que la competencia en tales situaciones recae en los jueces electorales que pertenecen a la división especializada. En este contexto, cualquier resolución final sobre las quejas presentadas será definida por la Corte Suprema de Elecciones. En un contexto más amplio, el mismo organismo ha ordenado la apertura de tres investigaciones adicionales en relación con la guerra política, pero esta vez dirigidas al presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo que indica que el clima electoral sigue siendo tenso, con múltiples frentes de conflicto en desarrollo.