Tras cuatro días de intensas protestas en el campus de San Pedro de Montes de Oca, la Universidad de Costa Rica decidió finalmente emitir un comunicado de prensa el lunes. Este anuncio llegó en un momento crítico, donde se abordaron las tomas de edificios y las solicitudes de inhibición del Rector, Carlos Araya Leandro, quien enfrenta serias acusaciones en su contra.
En su declaración, Araya afirmó: «No hay señales formales en mi contra por los hechos irregulares que se me imputan. Aunque algunas personas han presentado quejas sobre decisiones pasadas, estas han sido aclaradas en diversas ocasiones dentro de los plazos establecidos, pero han derivado en consultas preliminares». Esta declaración busca poner de manifiesto su compromiso con la transparencia y la legalidad en la gestión de la universidad.
Araya continuó enfatizando: «Actúo con transparencia y respeto ilimitado por el proceso adecuado, como siempre he hecho». Sin embargo, una de las acusaciones más destacadas que enfrenta está relacionada con el aumento salarial de ciertas posiciones de confianza. Esto un tema que ha generado un gran debate, ya que se sostiene que la resolución que autorizó dicho incremento fue posteriormente declarada nula, lo que incrementó la controversia.
El comunicado también menciona que «Araya juró ejercer la rectoría durante cuatro años», lo que indica su intención de mantenerse en el cargo a pesar de las presiones externas.
Falla de la semana que te mudas al UCR
Las controversias en la UCR han recrudecido particularmente en los últimos días, especialmente a raíz del fracaso en la organización de la Semana universitaria. La solicitud de permisos para llevar a cabo eventos derivó en la cancelación de conciertos programados, lo que disparó la incomodidad entre los estudiantes y potenció el movimiento de protesta.
Una reunión celebrada el pasado viernes culminó con una sonora solicitud de renuncia por parte del Consejo de Directores de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). A raíz de la intensa presión ejercida, varios líderes estudiantiles decidieron renunciar, incluyendo a la presidenta Artemisa Villalta.
Desde aquel día, un grupo de estudiantes tomó posesión del edificio de la FEUCR, amplificando las tensiones entre la Federación y la administración del Rector.
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La UCR ha declarado que el movimiento estudiantil es autónomo, pero ha señalado que se deben observar las normativas que rigen su actuación. «Las regulaciones, tanto universitarias como nacionales, han establecido los procesos para dirimir las diferencias y llevar a cabo investigaciones respecto a posibles hechos irregulares. Estos procesos deben enmarcarse dentro de un procedimiento adecuado, al que todos deben adherirse según la tradición universitaria», reza el documento emitido por la universidad.
Además, el UCR advirtió que «las estructuras, procedimientos y valores democráticos están siendo constantemente atacados, lo que amenaza con erosionarlos e incluso destruirlos». En este contexto, la universidad subrayó que no puede presuponer que estas tendencias antidemocráticas no la afecten, especialmente en un periodo en el que la sociedad costarricense enfrenta desafíos significativos.
Por último, la UCR dejó claro que «las acciones de facto no tienen cabida en una universidad y atentan contra el estado de derecho». En este sentido, se ha determinado que se llevarán a cabo visitas a edificios y sedes locales para evaluar la situación.