Rodrigo Chaves y el Ministro de Planificación, Marta Esquiver, expresaron su preocupación respecto al proyecto de ley que introduce cambios significativos en los derechos del Defensor del Pueblo, lo que lo convierte en el primer mandato del Defensor del Pueblo para la Defensoría de los Habitantes y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según los funcionarios, se plantea una propuesta que busca disolver el Fondo de Pensiones Judiciarias, lo que generaría un impacto considerable en la estabilidad financiera y las pensiones de los funcionarios judiciales.
«Queremos que haya tranquilidad entre los funcionarios y la población. Este gobierno continúa trabajando para resolver los problemas creados durante la última sesión legislativa. Si la ley se considera adecuada, tenemos lista una propuesta que busca rescindir el Fondo de Pensiones Judiciales para garantizar la sostenibilidad de pensiones bajo el régimen IVM, que abarque discapacidad, vejez y muerte,» comentó Chaves.
De este modo, los beneficiarios de estas pensiones tendrían acceso a un sistema más amplio de respaldo en caso de discapacidad, jubilación o fallecimiento.
El mandatario criticó la reciente decisión de la asamblea legislativa al aprobar la iniciativa sin claridad sobre el origen de los fondos destinados a financiar estas pensiones, lo que agrava la situación de incertidumbre. Chaves instó a los funcionarios judiciales a evaluar las implicaciones de terminar con un sistema de pensiones que ha beneficiado a un sector específico del empleo público.
El martes, el presidente validó la ley aprobada en la Asamblea Legislativa, la cual establece un aumento en la edad de jubilación permitida para los funcionarios en el Tribunal de Defensor del Pueblo de la Justicia (OIJ), quien ahora puede optar por su retiro a partir de los 55 años. Esta propuesta fue presentada por Donoulescu, el CEO Adjunto, en 2021, y fue respaldada durante esta instancia por la diputada Alejandra Larios de la agrupación libertaria.
El 22 de abril, 40 suplentes lograron aprobación permanente; sin embargo, se generó un conflicto, ya que hubo votos en contra de este dictamen.
Un grupo de legisladores se encuentra en la búsqueda de nuevas alianzas para recuperar esas leyes, resaltando así un clima de tensión y controversia en el ámbito legislativo.
Las razones
Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el gobierno expuso las razones que fundamentaron el veto a esta propuesta de ley. Marta Esquivel explicó que la estructura de gobernanza original planteada en el proyecto infringiría el Artículo 33 de la constitución política, al crear una desigualdad injustificable entre los funcionarios de la policía y los del poder judicial.
La funcionaria también destacó que el Fondo de Pensiones Judiciales ha estado en crisis desde 2017, año en que se introdujeron reformas para garantizar su sostenibilidad. De esta manera, el presidente Rodrigo Chaves coincidió en que estas reformas son necesarias para preservar los avances logrados a partir de los cambios realizados en 2017.
En este contexto, Randall Zúñiga, director del OIJ, defendió la situación financiera del fondo de pensiones, citando un informe actuarial reciente que señala una solvencia del 97%. «Este índice es significativamente mejor que el 84% que se reportó durante el periodo anterior, cuando fui elegido», añadió Zúñiga, refiriéndose a un estudio actuarial de 2020 que había sido el último disponible antes de esta evaluación.
Además, el director del OIJ mencionó que los funcionarios de esta entidad enfrentan un fardo considerable, considerando que su tiempo de servicio suele ser tres veces mayor que el de otros funcionarios públicos al servicio del Estado.
“Cabe destacar que aquellos servidores públicos que se jubilan actualmente dejan de percibir beneficios relacionados con discapacidad, viajes o fallecimientos, y esto, a su vez, les impide disfrutar plenamente de sus pensiones. En el caso de los funcionarios del OIJ, continúan contribuyendo al fondo de pensiones aun después de su retiro,» explicó.
El plan busca permitir que los agentes de OIJ usen armas. Ellos podrán acceder a pensiones a partir de la edad de 55 años. (Cortesía/OIJ).
Van a ir
El gobierno justificó que, mediante esta iniciativa, los individuos que están próximos a pensionarse contarían con valiosa experiencia acumulada en el OIJ, lo que beneficiaría a la institución. Sin embargo, expresaron que, al implementar estas reformas, podría haber un impacto negativo en la eficacia de la entidad, dado que las personas más experimentadas dejarían la agencia. Esto es particularmente relevante en el contexto de casos penales y enfrentamientos contra pandillas organizadas, donde la experiencia y conocimiento son claves.
Randall Zúñiga enfatizó que los funcionarios más experimentados son críticos en los procesos del OIJ. Se estima que en 2024, un tribunal de justicia podría advertir la salida de unas 300 personas especializadas que han trabajado en la agencia desde 2018.
Por último, el gobierno subrayó que la falta de sostenibilidad del Fondo de Pensiones Judiciales obligaría a recurrir a recursos del presupuesto nacional. «Estos beneficios deben ser cubiertos con recursos estatales. Es importante señalar que el poder judicial no produce nada por sí mismo. Su financiamiento proviene de lo que aportan los costarricenses. Si llegamos a un punto crítico, todos los costos recargarían sobre la población,» advirtió Nogui Acosta, ministro de finanzas.
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