La empresa Aerocarbe ha presentado un queja penal contra Funcionarios del Dirección General de Aviación Civil en relación al trágico accidente de un avión que ocurrió en Cerro Pico Blanco el lunes 25 de noviembre de 2024. Este incidente ha suscitado gran preocupación y ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar con detenimiento la responsabilidad de las entidades involucradas.

De acuerdo con la queja interpuesta por la compañía, se alega que la aeronave involucrada era un Ti-Ger Lastytrada que sufrió una serie de fallos en la gestión del tráfico aéreo. Las autoridades deberían ser responsabilizadas por un acto que a baja escala podría considerarse como un homicidio culposo, dado que en este accidente 5 personas perdieron la vida.

En una declaración oficial, Aerocarbe indicó que la queja se presenta en nombre de las familias víctimas del piloto Mario Miranda Ramírez, así como de Ruth García Chavarría y Enrique Arturo Castillo Incera, quienes también se vieron gravemente afectados por esta tragedia. La empresa afirmó que la aviación civil debe establecer medidas preventivas para evitar que incidentes de esta naturaleza vuelvan a ocurrir en el futuro.

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El abogado penal federal, Federico Campos Calderón, que representa a las víctimas, declaró: «La queja presentada ante el ministerio público tiene como objetivo imponer responsabilidades tanto criminales como civiles contra los que estaban a cargo de la gestión del centro de control de radar que pertenece a la Dirección de Aviación Civil, para que tomen medidas respecto a las acciones y omisiones que resultaron en este fatal desastre aéreo que causó la muerte de varias personas”.

La queja argumenta que el personal de la Dirección General de Aviación Civil, especialmente aquellos encargados del control del tráfico aéreo, incumplieron con el deber de cambiar las instrucciones que se habían dado al piloto del avión, lo que permitió que la situación se deteriorara.

“Mientras el avión se dirigía hacia una zona montañosa, se tenían que seguir las provisiones que indicaban una altura mínima de 10,000 pies para ese sector, según estaba establecido en el mapa de vectormia oficial. A pesar de que el control de la aeronave disponía de soporte radar que señalaba los obstáculos y las alturas mínimas, se instruyó al piloto para que mantuviera la altitud a 6,500 pies en el momento del accidente”, apuntaron en su comunicado los representantes legales de las víctimas.

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En la fecha del 25 de noviembre, la aeronave había partido del bar de la tortuga, en el Caribe del Norte, y se dirigía hacia Pavas, en San José, con 4 pasajeros y 2 pilotos a bordo. Sin embargo, debido a condiciones climáticas adversas, se vio obligado a desviarse hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

El torre de control proporcionó indicaciones para su llegada a la terminal de Alajuela, pero a las 12:30 del lunes 25 se perdió la comunicación con el radar.

Un sonido captado en ese momento mostró la comunicación entre el piloto y el controlador aéreo durante la crucial fase de la operación.

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Cerca de la 1:00 p.m. del lunes, la Dirección de Aviación Civil confirmó que había una alerta sobre un avión desaparecido. No había contacto y no se activó la señal de advertencia de emergencia que los aviones podían emitir. Posteriormente, se iniciaron varias horas de esfuerzos de rescate, en los que solo una persona logró sobrevivir.

La Dirección de Aviación Civil ha anunciado un investigación que durará un año para entender a fondo los factores que condujeron a esta tragedia.